Un aspecto que reclama la ciudadanía constantemente es que las elecciones cuesten cada vez menos y, para lograrlo, existen varios caminos en que pueden incidir, por un lado, las autoridades electorales y, por el otro, el Legislativo.
En el primer caso, el Instituto Nacional Electoral (INE) desde 2024 comenzó con la preparación de una serie de trabajos para poner en marcha en 2025 la Estrategia de Transformación Digital que consiste en modernizar e innovar diversos aspectos del Registro Federal Electoral como, por ejemplo, dar a conocer la credencial para votar digital; la conformación de un sistema digital de citas para las personas usuarias de los diversos servicios que ofrece el Registro Federal de Electores que se lanzó la semana pasada; la autogeoreferenciación de domicilios y registros para el voto anticipado y desde el extranjero; la actualización de la geografía electoral mediante herramientas satelitales, entre otras.
Asimismo, el INE tiene contemplado ampliar el uso de la urna electrónica para recibir de manera vinculante el voto de las y los ciudadanos que asisten a las casillas a emitir su voto.
No obstante, habría una alternativa más que el INE se encuentra analizando y que, en diversos foros he señalado la viabilidad para su implementación: el voto por internet en territorio nacional a partir de la impugnación presentada por personas cuidadoras de personas con discapacidad para poder ejercer su derecho al voto por internet en México. La Sala Superior resolvió que el INE tenía que analizar la instrumentación del voto exigido por las personas impugnantes de cara a 2027.
En este contexto, el pasado 7 de noviembre, el INE llevó a cabo la Mesa de Análisis (de forma virtual) denominada “Implementación del voto por internet en México: retos, oportunidades y perspectivas”, que tiene el objetivo de revisar diversas posturas de personas especialistas y académicas, con los análisis de la institución, que le permitan identificar riesgos y oportunidades de cara a la construcción de la reforma electoral y en atención al mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de estudiar la implementación del voto por internet.
En la intervención que tuve en esta Mesa referí que el voto por internet tuvo su primer impacto en nuestro país en 2012, cuando el otrora Instituto Electoral del Distrito Federal lo implementara para recibir el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero de la Ciudad de México para que pudieran votar por la Jefatura de Gobierno.
El INE, luego de diversos estudios lo implementó por primera vez en las elecciones de 2021 en las que nuestros connacionales de diversas entidades pudieron votar por elecciones de algunas gubernaturas en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, una diputación migrante para la Ciudad de México y una diputación de representación proporcional para el estado de Jalisco.
Desde entonces, año con año, el voto por internet ha sido una de las tres opciones con las que cuentan las y los mexicanos que residen en el extranjero para votar, además de la vía postal y presencial electrónica en algunos consulados. Tan solo en la elección de 2024 cerca del 70% de nuestros connacionales que votaron prefirieron usar el voto por internet.
Para lograr estos alcances, el INE llevó a cabo múltiples ejercicios, pruebas y simulacros que tuvieron la participación de actores políticos, personas expertas, investigadoras e investigadores, así como contó de manera permanente con procesos que auditaron las diversas etapas de este mecanismo electrónico de votación.
Por ello, considero que instrumentar el voto por internet al interior de la República mexicana no solo sería un aspecto positivo; es un reclamo y exigencia ciudadana y, en un mediano plazo, junto con el uso a mayor escala de la urna electrónica traería consigo ahorros presupuestales que abatirían el costo de las elecciones y harían procesos electorales mas sustentables.
No obstante, para llevar a buen puerto este trascendental proyecto el INE tendría que garantizar que el sistema que se desarrolle cuente con la participación más amplia de todos los sectores especializados en el tema; que sea gradual su implementación; que sea auditable en cada una de sus etapas de desarrollo e implementación, que le dé a la ciudadanía la oportunidad de corroborar el sentido de su voto antes de su emisión; que evite la coacción del voto para garantizar el sufragio libre y secreto; que garantice que quien emite el voto sea cada persona electora y que no pueda emitirse más de un voto, así como contar un esquema de resultados electorales público, transparente y confiable.
Finalmente, para que este proyecto se consolide, el Legislativo deberá establecer en la legislación electoral, la normativa que permita llevar a buen puerto este mecanismo de votación del que, además, estoy segura de que impulsará la participación ciudadana incluso de las y los jóvenes que son el segmento de población que menos participa. La maximización de derechos, el cumplimiento de la ley y la confianza ciudadana en cualquier mecanismo para la emisión del voto deben ser las líneas centrales para su implementación.
Consejera Electoral del INE