La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció hace unos días que propondrá al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma en materia electoral para reducir el costo de los procesos electorales, así como para recortar el financiamiento público que reciben los partidos políticos; modificar el método por el que se asignan las y los legisladores por la vía de la representación proporcional, así como realizar ajustes al Instituto Nacional Electoral (INE), entre las más destacadas.
En su oportunidad, el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó propuestas para una reforma electoral que, entre otros aspectos, consideró abaratar el costo de las elecciones; la eliminación de escaños plurinominales y la reducción de espacios legislativos (para la Cámara de Diputaciones de 500 a 300 escaños y para la Cámara de Senadurías de 128 a 64); reducción del financiamiento público a los partidos políticos; la elección directa de las consejerías del INE; el voto electrónico, entre otras.
Seguramente, estos son solo algunos temas generales que podrían ser una propuesta de iniciativa de reforma electoral. Al respecto, es importante que una reforma electoral cuente con el consenso más amplio posible y eso incluye que a las autoridades electorales encargadas de la administración o jurisdiccionales en materia electoral puedan emitir sus consideraciones técnicas para hacer de esta iniciativa un auténtico avance para nuestro sistema democrático.
Al respecto, planteo una serie de propuestas generales que deben ser tomadas en cuenta para análisis en una eventual reforma en la materia.
Es importante efectivamente, abaratar el costo de las elecciones con la reducción de la asignación presupuestal que reciben los partidos políticos tanto federales como locales principalmente en el periodo en que transcurren las campañas electorales. Asimismo, es imprescindible dotar al INE de auténticas herramientas para una fiscalización de los recursos públicos que reciben estas instancias de interés público.
Otro rubro para analizar está relacionado con la representación política de las mujeres que, si bien la paridad se ha ido materializando e incluso hoy se encuentra incorporada a nuestra Constitución la igualdad sustantiva, la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha visibilizado como un fenómeno real que irrumpe dicha representación aún y cuando fue tipificada desde 2020 y fortalecido su combate con las reformas constitucionales de 2023. Es necesario potenciar una auténtica cultura educativa y cívica que posicione a la paridad de género como lo que es: un principio que tiene como objetivo la materialización la igualdad en nuestra sociedad. Para alcanzar esta finalidad resulta importante incrementar las sanciones en caso de violencia de género, así como determinar la obligatoriedad para que las autoridades entreguen la información que, al respecto, solicite el INE y, desde luego, modificar el texto constitucional para que no sea exigible una sentencia condenatoria firme sino una ponderación de derechos, para evitar que personas violentadoras ocupen cargos por elección o por votación en cualquier órgano del Estado.
Un proyecto institucional del INE que generaría en un mediano plazo ahorros presupuestales sería la implementación de urnas electrónicas que, de manera gradual, pero en una proporcionalidad importante se instrumenten para elecciones federales, locales y, desde luego, para los ejercicios de participación ciudadana. Asimismo, y como lo he referido en diversos foros, debe quedar expresamente permitido en la legislación electoral el uso de la votación por internet al interior de la República, como ya es utilizado, como uno de los tres mecanismos de votación que tienen las y los mexicanos residentes en el extranjero y que es momento de utilizarlo ya en territorio nacional.
El INE, so pretexto de la normativa electoral, se ha quedado muy rezagado respecto del avance tecnológico y, sobre todo, de garantizar a cada vez más votantes, el ejercicio pleno de su derecho. En nuestro país de manera constante, las y los jóvenes de 19 a 29 años son las personas electoras que menos votan en México.
Hace falta avanzar en la credencial para votar digital que, en principio, no sustituiría a la credencial para votar para el ejercicio del voto, los listados nominales electrónicos y un rediseño institucional para ajustarlo a la realidad que se vive en nuestros días, el INE cuenta con las mismas direcciones ejecutivas y unidades técnicas desde hace más de 30 años.
Otros aspectos que deben ser revisados para una próxima reforma electoral sería el fortalecimiento de la fiscalización que realiza el INE, principalmente para que todas las instancias de seguridad nacional, seguridad pública, procuración de justicia, instancias de investigación financiera, la banca, entre otras, le otorguen la información en un tiempo expedito que le sean solicitada, para lo que resulta apremiante obligar constitucionalmente a todas las autoridades a entregar la información solicitada por la autoridad electoral de manera completa y oportuna.
Fortalecer la autonomía del INE es fundamental en su calidad de árbitro electoral; es necesario dotar a la autoridad electoral del presupuesto necesario para la consecución de sus objetivos y establecer en la ley que todas las instancias involucradas en las elecciones cuenten con indicadores y sistema de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas, entre muchos más. En este rubro es vital que la autoridad electoral nacional cuente con un porcentaje certero del presupuesto nacional, que no esté sujeto a disminuciones ni negociaciones anuales en detrimento de la autonomía e independencia de la autoridad electoral nacional.
Mis consideraciones sobre la elección judicial las formulé en el siguiente artículo: https://lasillarota.com/opinion/columnas/2025/7/10/eleccion-judicial-lo-que-nos-dejo-lo-que-se-necesita-545057.html
Al respecto, he de insistir en modificar la elección judicial en una fecha diferente con las elecciones federales y locales de 2027.
Una reforma electoral debe ser el engrane que nuestro país necesita para contar con estabilidad, con una competencia electoral sana, transparente, equitativa, justa, igualitaria y libre de violencia; el fortalecimiento de nuestra democracia y el marco jurídico que demuestre al mundo que México es un país ejemplar en el respeto de los derechos humanos y las libertades.
Consejera Electoral del INE
