La estabilidad de una nación se basa en la participación permanente de la ciudadanía en su sistema electoral, ya que constituye el factor más importante de todo sistema democrático.
La ciudadanía es, entonces, el engranaje de una compleja maquinaria que culmina en marcar el rumbo de un país con base en el voto mayoritario de las y los ciudadanos.
Por ello, la equidad en toda contienda electoral es fundamental; la transparencia en todas las acciones y actos de todos los actores involucrados en los procesos electorales es el principal incentivo de rendición de cuentas que fortalece no solo la democracia, sino que le otorga a la ciudadanía la confianza de que su voto es respetado y cuenta para la opción que eligió.
En este sentido, la fiscalización electoral debe ser un auténtico modelo que garantice equidad, certeza jurídica, igualdad, transparencia y rendición de cuentas.
No obstante, en nuestro país este modelo ha quedado obsoleto y no cuenta con los elementos suficientes para lograr de manera efectiva verificar el origen, monto y destino de los recursos que utilizan las y los aspirantes, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, así como las personas candidatas independientes, los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones tanto de los procesos electorales federales, locales y otros como el reciente proceso electoral judicial.
La fiscalización, de acuerdo con nuestro actual modelo revisa diversos informes después de terminadas las campañas, lo que impide detectar irregularidades a tiempo, es decir, la fiscalización es reactiva y no preventiva, ello a pesar de las visitas de verificación, monitoreos y solicitudes de información a diversas autoridades.
Las sanciones generalmente son insuficientes para inhibir la comisión de las faltas o irregularidades por contar con una legislación que no está vinculada con el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo; existen estructuras de financiamiento ilegal en las que el Instituto Nacional Electoral (INE) no cuenta con facultades de fiscalización como los influencers, empresas fachada, asociaciones civiles, plataformas digitales, entre otras, lo que no permite una investigación a fondo; es notoria la falta de colaboración oportuna interinstitucional que requiere de instancias como el SAT, la UIF, la FGR, por mencionar algunas, entre otras.
Bajo este contexto y ante la anunciada creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que refiere como objetivo “...la elaboración de un diagnóstico profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos…”, es necesario cambiar el modelo de fiscalización electoral vigente por uno que permita una auténtica transparencia y rendición de cuentas de los recursos que utilizan todos los actores que participan en los procesos electorales.
Propongo, consecuentemente, al menos seis rubros que deberán ser analizados para alcanzar una auténtica fiscalización:
1. Establecer un sistema sancionatorio vinculante y que inhiba la comisión de las irregularidades, con una normativa mínima obligatoria legal, para determinadas infracciones que puedan sancionarse, incluso, con la nulidad de la elección en aquellos casos graves de ventaja indebida.
2. La fiscalización debe permitir al INE revisar a terceros implicados en las elecciones, aun y cuando no estén directamente vinculados a alguna candidatura, para lo cual se requerirá dotar al INE de facultades expresas para investigar, por ejemplo, a plataformas tecnológicas, proveedores digitales, empresas fachada, entre otros.
3. Debe establecerse en la legislación electoral la cooperación obligatoria y oportuna, con sanciones expresas ante los incumplimientos de instancias como el SAT, la UIF, la FGR, entre otras, para garantizar que el INE cuente con la información fiscal, bancaria y hasta penal de las y los actores participantes.
4. Es necesario establecer un sistema obligatorio de captura de información en línea de los gastos de campaña en tiempo real para la conformación de auditorías preventivas y que los sujetos obligados presenten la comprobación digital y trazable de todas sus operaciones limitando o erradicando el uso de efectivo en sus actividades.
5. El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como la Inteligencia artificial, minería de datos, modelos de riesgos, entre otros, para maximizar la verificación de todas las operaciones de los supuestos obligados.
6. La fiscalización electoral debe incorporar una perspectiva de género para prever que los gastos de actividades dirigidas a mujeres, a indígenas, comunidades de la diversidad sexual, entre otras, no sean utilizadas como una simulación en el llenado de informas.
Ante la concurrencia de la violencia contra las mujeres en razón de género, la fiscalización electoral debe tratar estos casos con rigor especial.
Éstos y otros rubros son algunas propuestas para la Reforma Electoral en la que el INE invariablemente, deberá participar con dicha Comisión con la aportación de su experiencia en el terreno de la organización y desarrollo de elecciones.
Consejera Electoral del INE
