El pasado 14 de noviembre en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se presentó el Informe final de implementación de Programa Piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico de las mujeres en situación de violencia política en razón de género.
Al respecto, el informe responde al acuerdo del Consejo General del pasado 8 de febrero y contiene la información sobre las acciones de dicho programa con enfoque interseccional e intercultural del 10 de abril, ya comenzadas las campañas electorales del proceso electoral 2023-2024, al primero de octubre pasado.
El Informe refiere que fueron atendidas un total de 58 solicitudes, de las cuales 18 correspondieron a peticiones para brindar orientación que, en su mayoría, estuvieron relacionadas a la forma de atender la violencia de género y otro tipo de violencias.
Las otras 40 solicitudes restantes la mayoría correspondió a atenciones directas a mujeres; y 6 no correspondieron a violencia de género, pero sí estuvieron relacionadas con posibles casos de hostigamiento y acoso sexual y laboral, el resto de los 34 casos sí estuvieron relacionadas con situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género.
De estas, 26 correspondieron al ámbito local y 8 al federal, lo que indica y, como lo he reiterado en distintas ocasiones, que hay que poner mayor diligencia y/o enfoque en el ámbito local.
Por otra parte, en el apartado de servicios brindados durante la ejecución del programa tenemos que se brindaron un total de 888 servicios, de éstos, 309 fueron psicológicos tales como atención telefónicas, intervención en momentos de crisis, planes de seguridad y sesiones de monitoreo; también se ofrecieron 542 servicios jurídicos, la mayoría dirigidos al ámbito local, estos incluyeron apoyo para la elaboración de quejas o denuncias, la solicitud de órdenes de protección, hasta la elaboración de los recursos necesarios en el seguimiento del caso; por último, se ofrecieron 37 servicios de canalización a otras instancias.
En relación con los tipos y modalidades de violencia: La violencia psicológica registró un mayor porcentaje tanto en el ámbito federal como en el local, 75% y 88% respectivamente; la violencia económica registró un mayor porcentaje (50%) en el ámbito federal en comparación con el local (35%) la que tiene que ver con que los partidos no cumplen con sus obligaciones de destinar el 3% de su financiamiento ordinario para la capacitación y promoción de liderazgos de mujeres y al 50% de financiamiento de campañas que los partidos deben otorgar a sus candidatas; y la violencia simbólica en el ámbito local registró el 65% en comparación con el federal (50%).
Bajo este contexto, manifesté públicamente en dicha sesión las siguientes reflexiones:
- El programa, que como propuse desde un inicio, debió haber sido una Defensoría para mujeres, inició muy tarde: ya iniciado el proceso electoral, cuando ya habían terminado las precampañas y ya iniciadas las campañas electorales.
- Considero un acierto el que se haya extendido la población objetivo del programa, toda vez que en un inicio sólo se contemplaba a las mujeres candidatas.
- Resalté que, para dar cumplimiento al enfoque de interseccionalidad e interculturalidad, no se debe perder de vista reforzar y considerar la atención a mujeres que aspiran y son electas a un cargo comunitario, como parte de la política nacional. Esto permitirá brindar mejores herramientas para fortalecer la participación de más mujeres indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, con discapacidad y migrantes, y garantizar que lleguen a los puestos de elección.
- Considero importante recalcar que un gran número de las mujeres que solicitaron los servicios del programa no eran candidatas, ni funcionarias públicas, sino mujeres defensoras de los Derechos Humanos, por lo cual es crucial promover acciones para su protección efectiva ya que son expuestas a distintos riesgos y vulnerabilidades por la labor que realizan.
- Finalmente, recalqué que sería muy importante seguir reforzando la coordinación intra e interinstitucional que desde mi punto de vista dio buenos resultados en este Programa, habiendo logrando llegar e impactar a 3,186 personas como resultado de diversas sesiones, reuniones de trabajo y mesas de colaboración con diferentes actores como los órganos desconcentrados del Instituto, los Observatorios de Participación Política Estatal y Nacional, partidos políticos y Organizaciones de la Sociedad Civil.
En este sentido, lo que el INE debe observar y considerar como una de sus líneas estratégicas de acción, es no solo el fortalecimiento de la igualdad sustantiva, sino también generar las condiciones suficientes para que, desde su campo de acción se erradique la violencia de género que impide cumplir a cabalidad con los principios democráticos de nuestro país.
Consejera electoral del INE
