Cada año, desde 1999, la sociedad se detiene un momento para analizar una de las realidades más hirientes de nuestra sociedad: la violencia contra las mujeres. La ONU desde ese año estableció el 25 de noviembre (#25N) como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de visibilizar y combatir este cáncer que irrumpe en el pleno desarrollo de las mujeres.
El #25N es la fecha que nos recuerda que la desigualdad estructural persiste en varios ámbitos como el político, económico, cultural y social y, desde luego incide en el contexto de inseguridad, discriminación y violencia en el que desafortunadamente viven la mayoría de las mujeres en México y en el mundo. Es por esto que la lucha constante de las mujeres ha sido determinante para alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos en contextos libres de violencia.
La violencia se perpetra de múltiples formas y ha tenido varias mutaciones que van desde el espacio privado al digital, de la agresión física al ataque frontal, sobre todo en la esfera política, de la amenaza personal al acoso público y, en los casos más lamentables, la muerte.
En 2008 la ONU promovió la iniciativa “ÚNETE” para poner fin a la violencia de género a través de la sensibilización y generación de una conciencia pública sobre este terrible fenómeno y buscar la interacción con las instancias legislativas y de toma de decisiones para generar marcos normativos que establezcan previsiones para prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar esta violencia. La iniciativa busca pintar a la sociedad de naranja en este día, que es el color determinado por la ONU para identificar la lucha contra la violencia de género, y llevar a cabo una campaña de activismo durante 18 días que comienzan con el #25N y culminan el 10 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.
En nuestro país, el #25N se adoptó en un contexto de crisis profundas para las mujeres: violencia familiar, desapariciones y feminicidios, así como la violencia política contra las mujeres en razón de género en todas sus modalidades. Esta fecha ha generado espacios fundamentales de colectivas de mujeres, académicas, instituciones y autoridades electorales para colocar el tema en el debate público y, con ello, insistir en su atención.
En el ámbito político electoral la trascendencia del #25N ha sido vital ya que a partir de 2015 empieza a construirse un andamiaje jurídico para atender y enfrentar esta violencia, con el primer Protocolo interinstitucional para atender, prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. El Instituto Nacional Electoral (INE), máxima autoridad electoral administrativa del país, ha desarrollado diversos criterios para la atención de la violencia en tanto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido sentencias y ha aprobado diversas jurisprudencias que dieron pauta, junto con las luchas de diversos colectivos y líderes feministas principalmente, a las reformas constitucionales y legales de 2019 y 2020 que, por un lado reforzaron la paridad de género y, entre otras consideraciones, establecieron la obligación del Estado de garantizar una vida libre de violencia, por lo que se tipificó la violencia de política en razón de género, estableció el concepto y las modalidades en las que puede materializarse, así como las sanciones aplicables para este tipo de violencia.
Desde 2020 el INE ha instrumentado en un primer momento la llamada #3De3ContraLaViolencia que permitió en la elección de 2021 una revisión muestral de las personas candidatas para verificar si no estaban en alguno de los supuestos de violencia de género, violencia familiar, sexual o fueran deudoras alimentarias.
En 2023 se reformó nuestra Constitución para incorporar los tipos de violencia de género y nace la #8De8ContraLaViolencia que estableció 8 supuestos por los que una persona no pueda ser registrada como candidata para un cargo de elección popular o ser nombrada para empleo o comisión en el servicio público por violencia de género. El INE en las elecciones de 2024 y la judicial de 2025 consideró 2 supuestos más.
Aún falta mucho por hacer para abatir este fenómeno que atenta contra la igualdad sustantiva impulsada por la primera mujer en la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y que es propia de sistemas democráticos en donde prevalecen los derechos y las libertades.
El #25N no es un acto protocolario, es una advertencia; mientras una mujer sea violentada, México no tendrá una democracia plena.
Consejera electoral del INE