Con la determinación del Legislativo de elevar a rango constitucional el principio de paridad de género en 2014, la representación política de las mujeres se ha ido incrementando tanto en los cargos de elección popular como en diversos puestos de responsabilidad en la administración pública en los tres niveles de gobierno.
No obstante, la paridad que ha sido una larga lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad de derechos respecto a los hombres ha hecho visible otro fenómeno que obstaculiza el crecimiento pleno de la mujer: la violencia política contra las mujeres en razón de género.
En este sentido y a pesar de la promulgación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia en 2007 y sus posteriores reformas, en 2020 el Legislativo modificó seis leyes generales y 2 federales para atender, combatir, sancionar y erradicar la violencia de género. Estas últimas reformas establecieron el concepto, el tipo penal, ilícitos en la materia, así como las sanciones aplicables.
Bajo este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE), dentro del ámbito de sus atribuciones ha generado diversas regulaciones que van desde protocolos de atención hasta diversos lineamientos que buscan fortalecer, por un lado, la igualdad y de género y, por el otro, terminar con la violencia de género.
Así, en octubre de 2020, el Consejo General del INE, su máximo órgano de decisión, aprobó los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sanciones, reparen y erradiquen la violencia de género, estableciendo las conductas consideradas violatorias, las acciones y medidas que deben implementar los partidos políticos, como la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, para lo cual, entre otras consideraciones, estableció el destino de, al menos, el 40% del financiamiento público de campañas a candidatas y el INE en 2023 aumentó a un 50% el porcentaje de asignación del financiamiento público y de los tiempos del Estado en radio y televisión que corresponden a los partidos políticos nacionales, y que fuera avalado en su oportunidad por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El INE ha establecido una metodología para verificar el cumplimiento de la distribución de estos recursos con la finalidad de garantizar que los partidos políticos cumplan con esta obligación, como consecuencia se evidenció que no todos los partidos otorgan a sus candidatas estos recursos para sus campañas.
Por ello, fue necesario conocer los casos en que el porcentaje de distribución a mujeres ha sido menor a 50% de los ingresos reportados por cada partido o coalición, con el objetivo de que se verifique que se destine efectivamente al menos 50% de los recursos del financiamiento público.
El resultado es que en el proceso electoral federal y locales concurrentes de 2023-2024 se identificaron 184 partidos políticos y coaliciones que no destinaron al menos el 50% de sus recursos a las candidatas postuladas. El importe asciende a casi 45 millones de pesos.
Por ello, el Consejo General del INE, en días pasados aprobó modificaciones a la metodología para verificar el correcto cumplimiento de la distribución de los recursos ya mencionados. Los principales cambios fueron los siguientes:
- Debido a que la metodología no consideraba casos excepcionales, se propuso la validación para cálculos que no resulten razonables, es decir, justo para casos excepcionales, y
- La obligación a cargo de los partidos políticos y coaliciones a verificar la distribución del 50% del financiamiento para las candidatas.
Esta metodología será implementada por primera vez en los procesos electorales locales de Durango y Veracruz en el que 439 mujeres realizarán campaña para elegir 1,458 cargos entre presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
Por otra parte, se establecen obligaciones para que los partidos políticos comuniquen al INE el número de candidatas registradas y el mecanismo por el que le harán llegar los recursos para sus campañas. Adicionalmente, el INE hará público durante las campañas la forma en la que los partidos políticos cumplen con esta obligación con la finalidad de que las candidatas cuenten con información veraz y oportuna para exigir estos recursos si los partidos políticos no se los entregan para sus campañas.
El objetivo de estas propuestas avaladas por el Consejo General es garantizar el ejercicio igualitario de los derechos políticos y electorales de candidatas y candidatos, consolidar una democracia paritaria e incluyente, así como dotar a las y los competidores de la contienda electoral de condiciones igualitarias para el acceso a los cargos de elección popular, buscando erradicar prácticas discriminatorias que impiden una auténtica competencia democrática y transparente a través de un financiamiento público con una verdadera perspectiva de género.
