De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, estas entidades de interés público deben garantizar en igualdad de condiciones la participación de hombres y mujeres en sus respectivos órganos de dirección, así como en los espacios o instancias de toma de decisiones bajo un esquema de perspectiva de género y garantizando sus derechos políticos y electorales libres de violencia.
De igual forma, deben combatir, sancionar y reparar la discriminación por razón de género tanto en sus documentos básicos como en la programación y distribución de tiempos del Estado, así como incluir en sus respectivos Programas de Acción la obligatoriedad de promover la participación política de las militantes y establecer estrategias de promoción para garantizar espacios para las mujeres dentro de actividad política y los espacios públicos, así como el acceso de sus candidatas a, por lo menos, el 40% del financiamiento público que reciben los partidos políticos para sus campañas.
Otra disposición normativa es la obligatoriedad que tienen los partidos de destinar, al menos, el 3% del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Al respecto, en febrero de 2022, la Cámara de Diputaciones avaló cambios a las leyes de instituciones electorales y de partidos políticos para que cada partido destinara del 3% al 10% del financiamiento público a el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, el dictamen se encuentra aún en el Senado de la República, sin que hasta el momento se haya dictaminado esta iniciativa.
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con un Programa Integral para la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género que se conforma de diversos instrumentos tales como el Reglamento de Quejas y Denuncias en la materia; los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los locales, prevengan atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia de género, el protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia de género, la emisión de medidas de protección y cautelares, entre otros. Todas estas disposiciones son fundamentales para que los partidos realicen las respectivas modificaciones normativas en sus Estatutos sociales y documentación básica para atender este cáncer que afecta nuestro sistema democrático.
Bajo este contexto, el INE diseñó e implementa el Programa de Capacitación para los partidos políticos para reforzar las obligaciones que tienen para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este año dicha capacitación se llevó a cabo los días 25 de mayo, 15 y 29 de junio; en esta última fecha tuve oportunidad de participar y, entre otros temas, se capacitó sobre la impartición de justicia intrapartidaria y el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia de género y, por supuesto, la recién constitucionalizada 3 de 3 contra la violencia.
Visibilizar la participación efectiva de las mujeres en la política y su impulso al interior de los partidos políticos es una labor que lleva a cabo el INE con el objetivo de lograr la igualdad de derechos políticos y electorales entre hombres y mujeres que permitan contar con una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.
No obstante, para reforzar aún más el impulso que el INE lleva a cabo para atender la violencia de género, es necesario contar con una Defensoría Pública para Mujeres con el fin de maximizar y proteger los derechos de las mujeres en la materia, garantizando con ello el acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial. Desde la Presidencia de la Comisión Temporal de Presupuesto estoy impulsando que se contemple la existencia de dicha Defensoría.
Consejera electoral del INE.
