La transición a la democracia y la crisis de inseguridad han coincidido en México. Al mismo tiempo que el país ha conocido la alternancia de partidos en el poder tanto en el ámbito local como federal, los indicadores de violencia también se han disparado. Desde luego, el impacto del crimen ha sido mayor en ciertas zonas donde prevalece la guerra por el control de territorios entre las bandas de la delincuencia organizada. Ahí, las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia se han colapsado. Pero la elevada incidencia del delito y la impunidad de los agresores se ha extendido por todo el país.
Las mujeres han hecho suyas las instituciones y las prácticas desarrolladas durante la transición a la democracia como una forma de incidir en la vida pública. Sus tasas de participación electoral han sido constantemente más altas que las de los hombres. En las elecciones presidenciales de 2018, el 66.3% de las mujeres empadronadas votaron, mientras sólo 58.1% de los hombres acudieron a las urnas.
En promedio, la participación femenina en las últimas cuatro elecciones federales ha sido entre siete y ocho puntos porcentuales más alta que la de los hombres. Ambos grupos empiezan con tasas de participación relativamente bajas entre los 20 y 25 años, que van creciendo consistentemente conforme envejecen, hasta llegar a los 65 años. Pero las mujeres empiezan a interesarse en los asuntos públicos a una edad más temprana. Sus tasas de participación despuntan entre los 25 y 30 los de edad. La brecha que los separa de los hombres alcanza su punto más alto entre los 30 y 34 años de edad, cuando llega a niveles del 12%, de acuerdo con los datos del INE.
Asimismo, la contribución de las mujeres a la organización de las elecciones es significativamente más alta que la de los hombres. Se puede medir como el porcentaje de mujeres que participan como funcionarias de mesas directivas de casilla. Son las personas que de forma voluntaria aceptan la responsabilidad de instalar las casillas, atender a los electores, contar los votos y llenar las actas. En las pasadas elecciones presidenciales, el 56.3% fueron mujeres y el 43.7 hombres, una diferencia del 12.6%.
Los gobiernos emanados de la transición a la democracia han tratado de responder a la irrupción de las mujeres en la política con diversas acciones que van desde equidad de género para candidaturas a puestos de elección, acciones afirmativas en el sector público, programas asistenciales con enfoque de género, hasta instancias infantiles. Sin embargo, todo esto ha sido insuficiente porque la ola de inseguridad y violencia que azota al país recae desproporcionadamente sobre las mujeres.
Las cifras de incidencia del delito lo muestran con contundencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, el 38.7 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado alguna forma de violencia sexual. Esta cifra sube hasta 62.3% entre las que trabajan o estudian. Las mujeres se sienten inseguras en la calle, en el trabajo, en la escuela y en la propia casa. La agresión y la impunidad suelen tener rostro masculino.
La deuda de los gobiernos emanados de la transición a la democracia con las mujeres es enorme. Por ello la respuesta a las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer y el paro nacional de mujeres debe ir más allá de los símbolos y los gestos de empatía. Las mujeres demandan a las autoridades gubernamentales acciones efectivas para garantizar su seguridad, dar justicia a las víctimas del crimen y poner fin a la impunidad. Su causa une a todo México. ¡Ya basta!
Consejero electoral del INE
