Después de las elecciones de 2018, el grupo de partidos políticos que conforma la oposición quedó en una situación precaria. La deserción del Partido Verde, que después de las elecciones se sumó al bloque oficialista encabezado por Morena, empeoró las cosas. La función constitucional de contrapeso al gobierno del presidente López Obrador ha recaído en una oposición reducida y dividida. Sus instrumentos constitucionales para moderar el radicalismo o detener los excesos de la Cuarta Transformación son limitados, pero aplicados con oportunidad pueden ser efectivos.
En el Senado, la oposición conserva un importante poder negativo. Si PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD actúan de forma coordinada, tienen la capacidad de parar cambios a la Constitución. También pueden conjuntamente interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de la legislación aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, y activar otro equilibrio contramayoritario establecido en la Carta Magna: la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar la constitucionalidad de los cambios legislativos.
Las divisiones al interior de la oposición constituyen el principal obstáculo para un efectivo contrapeso al gobierno. Pero cuando los intereses del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD convergen, suelen coordinarse para poner freno a los abusos por parte de la mayoría. Así ocurrió la semana pasada con el intento del presidente López Obrador de aprovecharse de la emergencia sanitaria y la crisis económica para acaparar el poder sobre el presupuesto público.
El titular del Poder Ejecutivo propuso una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPyRH) con el fin atribuirse la facultad de declarar una emergencia económica y luego “reorientar” libremente el gasto público a sus proyectos prioritarios, sin consultar a la Cámara de Diputados, el órgano constitucional encargado de aprobar el presupuesto. Los operadores políticos de López Obrador se aprestaron a movilizar la aplanadora oficialista en el Congreso para darle lo que pedía.
Sin embargo, había un pequeño problema. El Congreso se encontraba ya en el receso del verano, que se adelantó a causa de la emergencia sanitaria de la Covid-19. Tenían que convocar a una sesión extraordinaria y la única facultada para ello era la Comisión Permanente, un órgano integrado por 19 diputados y 18 senadores. Para interrumpir el receso del Poder Legislativo la Constitución exige una mayoría calificada de dos terceras partes de la Comisión Permanente, el voto a favor de 24 de sus 37 integrantes. Los operadores del presidente se dieron cuenta que con los legisladores de Morena y sus aliados sólo llegaban a 23; les faltaba uno y tendrían que sacarlo de la oposición.
Sin embargo, la propuesta del presidente era inaceptable para la oposición. Incluso algunos legisladores de su propio partido se pronunciaron en contra. La LFPyRH prevé ya mecanismos de ajuste al presupuesto en caso de una emergencia económica. En su Artículo 21 determina que, si los ingresos públicos fuesen inferiores a los previstos en la Ley de Ingresos, el Poder Ejecutivo puede tomar dos cursos de acción. Primero, recurrir al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, como de hecho lo hizo en 2019, cuando retiró 156.5 miles de millones de pesos para compensar la caída en la recaudación fiscal equivalente al 5 % de los ingresos de la federación.
Si el Fondo de Estabilización fuera insuficiente, la LFPyRH contempla un segundo mecanismo: disminuir el gasto público. Ante una caída de ingresos menor al 3%, la LFPyRH faculta a la Secretaría de Hacienda para hacer los recortes y sólo la obliga a presentar un informe a los legisladores. Pero si la caída es mayor al 3%, Hacienda debe enviar a la Cámara de Diputados el monto del recorte y un proyecto de adecuaciones para recabar su opinión en un plazo de 15 días naturales.
Para la oposición, la iniciativa de López Obrador implicaba renunciar a la potestad de incidir en la asignación de recursos presupuestales desde la Cámara de Diputados, en caso de ganarle la mayoría al bloque oficialista de Morena en las elecciones de 2021. De aprobarse, Hacienda podría con facilidad reformular el presupuesto aprobado con una mera declaratoria unilateral de emergencia, reorientar el gasto a las prioridades del presidente y su partido, sin tomar en cuenta las preferencias de la mayoría opositora.
El triunfo legislativo de la oposición es temporal. Una vez vez que inicie el Periodo Ordinario de Sesiones, la mayoría oficialista tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar los cambios a la LFPyRH que quiere el presidente. Si esto llegara a ocurrir, el siguiente recurso para detener al gobierno será promover una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Pero por ahora, y esta es una buena noticia, la oposición ha hecho su trabajo.
