Por Gustavo Santillana
Tenemos en el escenario nacional una serie de nuevos planes, medidas y disposiciones en materia de protección a la salud y la industria que atiende al sector. Pareciera que en el ambiente existe un ánimo de acción para mejorar el Sistema Nacional de Salud, así como de colaboración entre el sector público y el privado. La pregunta que surge es si esto permitirá mejorar los servicios públicos de salud, garantizando el derecho humano respectivo. A continuación, un breve comentario de tales medidas:
Nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (publicada el pasado 16 de abril de 2025). Es indispensable mencionar que el sistema de adquisiciones públicas de insumos para la salud (medicamentos y dispositivos médicos), ha atravesado por una severa crisis de planeación, implementación y logística. Entendemos que esta nueva ley pretende establecer nuevos y mejores mecanismos para agilizar y transparentar las adquisiciones públicas y contratación de servicios; ojalá y sea el caso.
Importaciones de insumos para la salud. En materia de autorizaciones sanitarias se publicó el 11 de junio de 2025 un acuerdo que confirma la posibilidad de hacer equivalentes requisitos ya cumplidos ante agencias regulatorias de referencia, para poder obtener autorizaciones en México. Prevé la importación simplificada en casos de emergencia nacional o en adquisiciones públicas, cuando se requiera de tales bienes. Creo que permitir la importación de medicamentos y otros insumos sin registro sanitario cuando no se trata de emergencias sanitarias, es un error que pone en riesgo la salud y soslaya la relevancia de nuestra autoridad sanitaria.
El Plan México y la industria farmacéutica. Profusamente presentado, y comentado, este plan tiene como propósito fomentar el desarrollo económico equitativo de nuestro país a través de la colaboración entre el sector público y el Gobierno de México. A través de un nuevo Decreto (2 de junio de 2025) busca fomentar y aumentar el grado de integración nacional de los productos farmacéuticos, así como incrementar la inversión en investigación científica. Se trata de incentivar a través de beneficios en adquisiciones públicas. La pregunta es: ¿Esto mejorará la atención a la salud de las personas?
Nuevas acciones de simplificación al marco regulatorio. Se han publicado dos acuerdos que incentivan el funcionamiento de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos mediante reducción de trámites, plazos y requisitos.
Pareciera que la administración pública actual trata de mejorar el sistema regulatorio de medicamentos y otros insumos; esperemos que sea el caso, después de años de oscuridad en la materia.
No puede dejar de mencionarse que la inversión pública en salud resulta indispensable. México tiene que pasar de invertir anualmente de entre el 2.7% y el 2.8% del PIB al 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es la única forma de satisfacer las necesidades indispensables para la protección de la salud. La creación de planes y promulgación de normatividad es útil, pero no suficiente.
Integrante del Consejo Directivo de la BMA
