Por Luis Pereda
Las nuevas personas juzgadoras ya tomaron protesta de su cargo. Ahora sigue: un curso de especialización de 5 días, remontar la curva de aprendizaje, conocer su respectiva adscripción, reducir el rezago de expedientes y administrar el clima organizacional producto de la eliminación de prestaciones laborales, reducciones salariales y despidos. Pero como lo importante no es la justicia (si lo fuera, esta reforma no existiría) sino el 2027, todo marcha bien… para el gobierno.
En 2027 habrá elecciones para renovar 17 gubernaturas, además de presidencias municipales, congresos estatales, la Cámara de Diputados y el restante 50% de jueces y magistrados de carrera judicial, más la renovación de las presidencias de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y también en 2027 se abre la posibilidad de convocar a la revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo Federal, en términos del artículo 35, fracción IX, de la Constitución Política.
Juez que no es visto, no será votado (o al menos no será lo suficientemente popular como para vender su respaldo algún candidato). Con esto en la agenda, el 2027 no es lo más importante, ¡es lo único que importa! Y los nuevos jueces, magistrados y ministros estarán muy ocupados subiendo videos en redes sociales y asistiendo a programas de radio y televisión, todo para hacernos saber que son buenos, austeros, trabajadores y cercanos a la gente. También se ocuparán de asistir a informes legislativos o de gobierno, salir en “fotos” realizadas con inteligencia artificial rodeados de personas pertenecientes a grupos vulnerables, recordarnos el onomástico del día y compartirnos su afinidad con algún prócer patrio o dios prehispánico.
Para cumplir con estas tareas necesitarán un equipo de comunicación, imagen, agenda y logística de confianza, para el cual saber usar el SISE o tener licenciatura en Derecho será opcional, lo mismo que proyectar sentencias, realizar notificaciones o conducir audiencias. Obviamente ese equipo de trabajo será pagado con recursos públicos.
Los nuevos jueces se dedicarán diariamente a escuchar si son mencionados en la mañanera y si no son ellos, entonces quién sí. No vaya a ser que se equivoquen en una entrevista banquetera y le muestren apoyo a quien no deben. La inteligencia consistirá en sumar apoyos al líder del grupo político, al mismo tiempo que se consiguen votantes propios. Una vez desahogado eso, ya estarán listos para atender el despacho judicial.
En este escenario será muy necesario el trabajo de los observatorios judiciales que desde la sociedad civil organizada o la academia alerten que los tiempos promedio de resolución de expedientes se han alargado o que todos los juicios de determinada materia que involucran al mismo demandado terminan en el mismo juzgado o que el porcentaje de impugnaciones perdidas se elevó inexplicablemente de un semestre a otro.
Idealmente las y los nuevos jueces deberían dedicar su tiempo y esfuerzo a aprender el oficio de juzgar para poder impartir justicia. Pero, de nuevo, como lo importante no es la justicia (si lo fuera, esta reforma no existiría) sino el 2027… que las sentencias las redacten otros.
2027 no es el camino, es la meta.
Miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados
