Por LUIS PEREDA
En México, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hoy, ese mandato enfrenta un nuevo reto técnico, jurídico y ético: En un entorno digital dominado por algoritmos que predicen lo que escribimos, compramos y hasta sentimos, el derecho a la protección de datos personales enfrenta una tensión inédita.
Los tribunales en todo el mundo han comenzado a lidiar con esta tensión. En México, la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, promovidas por el extinto INAI y diversos senadores integrantes de la LXIV Legislatura, demandaron la invalidez del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021, y que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), el cual permitía la recolección de datos biométricos (huella, rostro, iris) de usuarios de telefonía celular.
En Estados Unidos, la Suprema Corte también ha abordado la privacidad digital. En el caso Carpenter v. United States, 585 U.S. 296 (2018), la Corte sostuvo que la obtención de datos de geolocalización sin orden judicial violaba la Cuarta Enmienda (en este caso comparable a nuestro artículo 16 constitucional). El fallo estableció un principio crucial, la tecnología no puede ser excusa para debilitar garantías constitucionales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Perry v. Reino Unido, decidió que la grabación encubierta de imágenes de Stephen Perry en una comisaría de policía y su uso posterior en un video de identificación, sin su conocimiento o consentimiento, constituyen una violación del derecho a la privacidad bajo el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha escalado esa tensión al límite. Hoy nuestros datos no solo se usan, también se transforman, replican y manipulan a través de sistemas que operan sin rostro ni responsabilidad claras.
El artículo 6 constitucional garantiza el derecho a la protección de datos personales a través de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Sin embargo, esa legislación se diseñó para un ecosistema analógico-digital donde el ser humano todavía tomaba decisiones, y no para un contexto en el que máquinas aprenden a generar información original a partir de datos masivos, sin intervención humana directa.
La inteligencia artificial generativa —como los modelos de lenguaje, los generadores de imágenes o los sintetizadores de voz— funciona alimentándose de grandes volúmenes de datos personales: textos, imágenes, audios, opiniones, metadatos. Muchos de ellos fueron recolectados sin consentimiento, en condiciones opacas, o sin que la persona sepa que su voz, su estilo de escritura o su rostro están siendo utilizados para entrenar un modelo que luego se vuelve comercial.
La lección es clara, no basta con tener normas, se necesitan instituciones capaces de hacerlas cumplir frente a las tecnologías emergentes. En este contexto, vale la pena preguntarse: ¿qué sabemos realmente sobre la nueva CURP biométrica aprobada recientemente por el Congreso? ¿Con qué garantías, qué controles, y bajo qué régimen de protección se gestionará esta nueva base de datos que incluirá características biométricas?
La inteligencia artificial generativa no es neutral y es inevitable. Su desarrollo debe estar acompañado de una nueva generación de normas sobre protección de datos, que incluyan derechos específicos sobre el uso de datos en entrenamiento algorítmico, obligaciones de trazabilidad y explicabilidad en los modelos, así como mecanismos accesibles para revocar consentimiento y ejercer el derecho al olvido digital.
Proteger los datos personales no significa frenar el desarrollo tecnológico. Significa recordarle al futuro que sin privacidad, no hay libertad.
Integrante del Consejo Directivo de la BMA
