Por LUIS PEREDA
En 2016 los diccionarios Oxford seleccionaron la palabra "posverdad" (post-truth) como la palabra del año. “Posverdad” también fue recogida por el Diccionario de la lengua española, quien la define como “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.
Casi 10 años después de ser elegida como la palabra del año, la posverdad es parte de nuestra vida pública, desde los discursos del Presidente del Senado hasta las relaciones comerciales con Estados Unidos. La posverdad está en las declaraciones banqueteras de secretarios de estado, los videos de abogados en campaña para ser jueces y las conferencias presidenciales matutinas. Es moneda de curso corriente para entender nuestra política y con ello, desafortunadamente, el derecho.
Ubi societas, ibi ius rezaba el antiguo aforismo. Donde hay sociedad, hay derecho. Hoy tendríamos que decir Ubi ius, ibi postveritas. ¿No lo cree? Revise el proceso que dio lugar a la reforma constitucional del año pasado con la cual se desbarató a los poderes judiciales y dígame si su ingrediente principal no es la posverdad. ¿Hubo diagnóstico? No. ¿Hubo derecho comparado? No. ¿Hubo antecedentes legislativos? No. ¿Hubo precedentes estatales? No. ¿Hubo academia? No. ¿Hubo estudio técnico previo? No. Solo hubo distorsión deliberada de una realidad para manipular creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Eso y la renuncia a un mínimo de pundonor legislativo.
Como era de esperarse, la constitución y el constitucionalismo han sido víctimas de la posverdad. Y a partir de ahí, las libertades de todos nosotros se han degradado. Para un botón de muestra basta con revisar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Ahí se encuentra un catálogo cada vez más amplio de supuestos por los que cualquier persona puede ir a la cárcel sin un juicio previo; solo porque una fiscalía (una de las instituciones más opacas de nuestro sistema de justicia) lo solicita al juez. La realidad: las cárceles están atestadas, lo que llevó en agosto de 2021 a la publicación de un acuerdo presidencial para gestionar solicitudes de preliberación. La posverdad: meter más gente a la cárcel es bueno.
Otro ejemplo de lo nociva que es la posverdad para nuestras libertades civiles es la desaparición de varios órganos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI. La realidad: la administración pública centralizada, receptora de varias de las atribuciones del liquidado INAI, es ineficiente para administrar la información pública y parcial respecto las razones para no transparentarla. La posverdad: El INAI es caro y hay que eliminarlo.
En esta era, reformar la constitución es la máxima prueba de que algo es real, aunque no lo sea. Que la posverdad sea el principal componente de los discursos políticos es dañino para nuestra vida pública porque confunde, engaña y hiere; pero que sea la tinta con la que se reforma nuestra constitución es mucho peor. Enunciados normativos deslumbrantes como fuegos artificiales, pero tan sólidos como el humo, solo nos dejarán una vacuidad constitucional.
Realidad: El Estado cada vez ofrece a su población servicios públicos de peor calidad, incluidos algunos tan fundamentales como seguridad, educación y salud. Posverdad del último párrafo del artículo 4 de la Constitución General de la República: “El Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en este artículo que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria”.
Toda posverdad disfrazada de norma constitucional es un incumplimiento de la obligación del Estado de reconocer nuestros derechos humanos y otorgar garantías para su protección, y no hay mitin en el zócalo que pueda maquillar eso.
Miembro del Consejo Directivo de la BMA.
