Por Luis Pereda y Adriana García
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual. En el capítulo dedicado a México, identificó a la reforma judicial impulsada por el actual gobierno, como uno de los principales desafíos.
El Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, advertimos sobre esta reforma en el informe Una amenaza a la independencia judicial: Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México (mayo de 2024). En ese documento analizamos cómo la reforma constitucional en materia del poder judicial vulnera estándares internacionales al politizar los nombramientos judiciales y eliminar mecanismos institucionales de protección a la independencia de juezas y jueces.
Aunque la reforma se intentó presentar como un ejercicio democrático que “permitiría al pueblo elegir a sus jueces”, en la vida real es un mecanismo disfuncional impulsado por el partido gobernante y sus aliados, que tiró a la basura 30 años de mejoras paulatinas a la judicatura, sin aportar ningún elemento medible y replicable para el fortalecimiento a la justicia. Incluso sus defensores más estruendosos han reconocido fracasos importantes. El 22 de abril de 2025, el Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña —uno de los principales promotores de la reforma— admitió públicamente que los comités del Legislativo y del Ejecutivo “fallaron” al no excluir a aspirantes vinculados con el crimen organizado (el del Judicial no pudo concluir con su tarea dada la renuncia de todos sus integrantes ante las acciones de acoso, entre otros del Presidente del Senado).
La captura del Poder Judicial por parte del crimen organizado ya no es una amenaza abstracta, es un escenario real, previsible y no debidamente enfrentado. Los estándares internacionales exigen procesos de selección basados en mérito, imparcialidad y transparencia. Sin embargo, el modelo mexicano —con procedimientos opacos, insaculación para integrar listas variopintas, ausencia de financiamiento público, carencia de controles para la evaluación de conocimientos técnicos y estándares de idoneidad inexistentes-- crea el contexto ideal para la infiltración de intereses criminales.
No solo ha quedado claro que el proceso ha fallado en garantizar la idoneidad de las personas operadoras de justicia —condición necesaria para una justicia imparcial e independiente—, también la implementación de la reforma y el contexto en que se celebrarán las elecciones del 1 de junio de 2025 ignoran principios elementales de integridad electoral.
La forma en que se están organizando estas elecciones refleja un abandono alarmante de salvaguardas básicas que México había acordado y respetado para elecciones legislativas y presidenciales. Estamos ante un desmantelamiento de algunas de las garantías electorales que costó décadas construir. Mecanismos esenciales como el conteo de votos en la misma casilla, la cancelación de boletas no utilizadas, la transparencia sobre el origen de las candidaturas, capacitación electoral oportuna y suficiente, boletas electorales sencillas y una fiscalización electoral efectiva están siendo desechados.
Las elecciones judiciales del 1 de junio se celebrarán en condiciones profundamente defectuosas. El electorado deberá votar utilizando listas sumamente complejas de personas seleccionadas por los poderes políticos, en la que algunos actores “llevaron mano en la preselección”. En algunas contiendas, solo hay candidaturas únicas en la boleta (véase el caso de Durango, por ejemplo). No se ha establecido una infraestructura real de campaña: la ciudadanía ha recibido escasa información sobre las candidaturas, las funciones de los cargos a elegir y las actividades proselitistas han resaltado por lo anecdótico y no por lo sustancial.
Incluso si existiera información suficiente, resulta inverosímil que el electorado pueda evaluar con criterio técnico a más de 800 aspirantes judiciales. Además, la invención de distritos electorales-judiciales ha generado distorsiones representativas, como en el caso de los jueces de competencia económica, que serán electos en segmentos con baja densidad poblacional y fuerte presencia del partido gobernante. Finalmente, no habrá monitoreo en tiempo real del conteo de votos, lo que elimina mecanismos esenciales de transparencia y aumenta el riesgo de fraude.
Las múltiples fallas en la ejecución de una mala reforma ponen en riesgo no solo esta elección, sino también la integridad de procesos electorales futuros. Lejos de fortalecer la democracia, este modelo puede normalizar la manipulación electoral bajo una fachada de legitimidad popular.
México no se está convirtiendo en “el país más democrático del mundo”, como ha proclamado la presidenta. Por el contrario, las elecciones judiciales del 1 de junio corren el riesgo de legitimar un modelo de selección judicial opaco, sin rendición de cuentas y absolutamente incompatible con los principios de independencia judicial e integridad democrática. Un modelo en el que, si se considera exitoso, apenas contará con la participación de entre el 5% y el 10% del padrón electoral, una cifra que, según el gobierno, bastaría para validarlo.
Luis Pereda, miembro del consejo directivo de la BMA
Adriana García, miembro del Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford.
