Por Luis Pereda
Los gobiernos de todos los colores dentro del espectro político suelen asumir que tienen buenas razones para impedir la publicación de las ideas que les desagradan. Expresiones como “proteger la seguridad nacional”, “combatir la desinformación”, “impedir la influencia de ideología extranjera”, “preservar nuestra cultura” o “evitar la propagación de mensajes ofensivos” suelen ser las banderas utilizadas por gobiernos autoritarios para callar a sus ciudadanos. Decidir desde el gobierno qué decir y qué callar es una amenaza que permanentemente se yergue sobre la libertad de expresión, y que no puede ser tomada a la ligera.
Por supuesto, la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, tiene límites. Pero determinar dónde están esos límites, quién los traza y cuándo los aplica es un asunto muy delicado y es una tarea de jueces constitucionales independientes, no de burócratas al servicio de un partido. Darle al gobierno el poder de decidir cuándo silenciar a sus gobernados es comparable a que los patos le entreguen al cazador la escopeta cargada, deseando que no la use.
Debates muy interesantes alrededor de la libertad de expresión y los límites que pueden ser impuestos a ésta tuvieron lugar en el juicio New York Times Co. v. United States (Estados Unidos) y en el amparo en revisión 1/2017 (México). Los razonamientos vertidos en ambas sentencias permiten concluir que la libertad de expresión es importantísima para la democracia y la protección de los derechos humanos, y que no cualquier razón, por valiosa que sea, es suficiente para poner una mordaza en la boca de medios de comunicación, plataformas digitales y ciudadanía.
La mayoría en el Senado de la República, lejos de ejercer su función de contrapeso al presidencialismo y de representar los intereses de la ciudadanía, ha decidido asumir, una vez más, el nocivo rol de monosabio. El viernes pasado, esa mayoría en el Senado, todavía mareada por un poder pasajero, decidió saciar su apetito por el servilismo y aprobar sin revisar la iniciativa presidencial que crea la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, incluida la manzana envenenada de la censura: “(…) deberán contar con previa autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación”.
El costo de que el gobierno calle a personas, empresas u organismos internacionales puede ser enorme, como por ejemplo que cualquier expresión contraria a los intereses del gobierno (elecciones libres, rendición de cuentas, transparencia presupuestal, libertad de asociación, creación de nuevos partidos políticos, combate a la corrupción o denuncias por violaciones a derechos humanos) sea considera indeseable y por lo tanto suprimida.
El que una secretaría de estado al servicio de la titular del Ejecutivo, en este caso la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, tenga el poder de emitir los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital es poner una guillotina sobre cualquier idea libre y esperar que todo resulte bien.
No importa el nombre que le quiera poner el gobierno, la censura siempre será censura; y la cesura siempre será veneno para las libertades ciudadanas. Todo gobierno sabe esto, la única diferencia es que algunos pretenden ignorarlo.
Miembro del Consejo Directivo de la BMA.
