Por LUIS PEREDA
Cuando el Presidente de la República quiere mostrar su desagrado o enojo por las decisiones tomadas en los órganos constitucionales autónomos (OCA) que son contrarias a sus deseos, suele dirigir sus misiles haca el concepto de autonomía. No importa si es el INE, el INAI o el Banco de México, si algún OCA decide algo en desacuerdo con el titular del Ejecutivo Federal, la culpa es de ese invento neoliberal llamado autonomía.
Las críticas públicas que ha hecho el Presidente de la República no dejan lugar a dudas. Considera que es contrario a los intereses de México que haya órganos que no estén subsumidos a su voluntad. Al Presidente de la República no le basta ser titular unipersonal del Poder Ejecutivo Federal, comandante supremo de las fuerzas armadas, jefe de la administración pública centralizada y paraestatal y jefe de Estado; también quiere ser el rector de los órganos constitucionales autónomos porque decidir distinto a él, es decidir mal.
¿De dónde surge esta idea de autonomía? De acuerdo con la tesis 170238 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos constitucionales autónomos son el resultado de una evolución del concepto de distribución del poder público. La actuación de estos no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales. En otras palabras, la razón de la existencia de los OCA son las deficiencias del Ejecutivo Federal.
Es fácil rastrear el origen de los OCA en las atribuciones que antes eran competencia del Presidente de la República. El Banco de México tiene atribuciones que encuadraban en las tareas de la Secretaría de Hacienda. La Fiscalía General de la República no es otra cosa más que la evolución de la antigua PGR. El INAI era el IFAI, un organismo descentralizado de la administración pública federal al que hoy se le ve como una duplicidad de la Secretaría de la Función Pública. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene sus orígenes en la COFETEL que pertenecía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por nombrar tan solo unos ejemplos.
¿Para qué sirven? En una República el poder político se divide para beneficio y seguridad de la ciudadanía. Esa es la idea motora de la existencia de tres poderes que ejercen facultades legislativas, judiciales y ejecutivas, y es la misma idea detrás de los OCA. Que sea un OCA el que organiza las elecciones, y no el propio Presidente de la República, da más confianza y credibilidad al resultado. Esto no es especulación, es un hecho. Que un OCA decida la política monetaria del país con base en decisiones técnicas y no electorales, permite generar mayor estabilidad y credibilidad. De nuevo, esto es un hecho sustentado en la realidad. Algo similar se puede decir de las licitaciones del espectro radioeléctrico o de la clasificación de la información pública.
Sin embargo, estos escenarios parecen no gustarle al Presidente, ya que cuando hace referencia a los OCA no ha sido para fortalecerlos o mejorarlos, sino para desacreditarlos. Y no siempre con argumentos. Con estos antecedentes es sencillo deducir la razón por la cual el Presidente de la República no considera que la autonomía sea una característica indispensable en ciertas instituciones del Estado Mexicano: “si eres autónomo entonces no tienes que obedecerme a mí”.
Un dato relevante: no solo los OCA gozan de autonomía constitucional. También cuentan con ella la Ciudad de México (Artículo 122. “La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa”) y la Auditoria Superior de la Federación (Artículo 79. “La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.”), pero estas autonomías no se mencionan en las conferencias de las mañanas porque éstas no molestan, no incomodan. Las otras sí.
¿Los OCA son un poder sin freno ni contrapeso? No. Todos los actos de autoridad de los OCA son impugnables a través de los juzgados y tribunales federales. Todos sus manejos financieros son fiscalizables a través de la Auditoria Superior de la Federación. Todos los años los OCA necesitan la integración por parte de la Secretaría de Hacienda de sus propuestas de presupuestos de egresos. Todos los años necesitan la aprobación de la Cámara de Diputados para poder contar con presupuesto público. Como pude verse, están lejos de ser un súper poder sin restricción o control. Aunque hay una cosa que por diseño no deberían de hacer: seguir instrucciones del Presidente.
¿Es posible desaparecer a los OCA? Claro, incluso este sexenio ya desapareció al INEE. Solo basta una reforma constitucional para ello. Algo que en principio es un procedimiento agravado pero que en la vida real no es tan complicado de conseguir (las más de 600 reformas constitucionales dan cuenta de ello), particularmente con la distribución de fuerzas que podría resultar después de las elecciones del próximo año.
¿En qué nos afecta que desaparezcan los OCA? En mucho. La desaparición de contrapesos al Ejecutivo Federal es sinónimo de fortalecimiento a éste, el único poder unipersonal de la clásica división de poderes. Un presidencialismo fortalecido es la antesala de un presidencialismo exacerbado, un padecimiento que ya ha sufrido nuestra República y que significa, entre otras cosas, un Estado más ineficiente e ineficaz, con la consiguiente disminución de libertades ciudadanas.
¿Los OCA requieren de supervisión? Claro, permanente y constante. El poder corrompe, siempre. Por eso la ciudadanía tiene que hacer su chamba ininterrumpida de vigilar qué decisiones se toman y cómo se ejercen. Es claro que los ejemplos de gastos indebidos y corrupción al interior del INAI, ventilados en noviembre de este año, y que llevaron a la renuncia de dos excomisionados del Instituto no es algo celebrable y quizá tampoco excepcional. Pero la solución no es darse un balazo en el pie, es supervisar más y mejor a los servidores públicos. A todos. Donde, por cierto, la Cámara de Diputados tiene un papel importante, que no cumple.
Bienvenida la discusión pública. Bienvenido el debate alrededor de los OCA. Bienvenidos también los argumentos a favor y en contra de su diseño, organización y funcionamiento. Pero si la pregunta es ¿más autonomía de órganos especializados que puedan funcionar como contrapeso del Ejecutivo?, la respuesta de una República que tiene clarísima tendencia a centralizar el poder debería de ser: sí, por favor.
Miembro del Consejo Directivo de la BMA.
