Por Miguel Ángel Sulub Caamal
A inicios del mes de octubre de este año, la Presidenta de la República presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y para modificar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
La propuesta del gobierno de Morena es perversa porque: 1) Pone en riesgo el patrimonio principal de las familias rurales; 2) Tiene un afán recaudatorio; 3) Convierte en potenciales criminales a los productores; 4) Establece un centralismo discrecional para el control político; y 5) Olvida garantizar, equilibrada y armónicamente, el derecho humano al agua con el derecho a la alimentación, la protección de la salud y desde luego el cuidado al medio ambiente.
La tierra y los predios perderán su valor al prohibirse la cesión de derechos de agua entre particulares que hoy en día permite que, al heredarse, venderse, arrendarse o prestarse una parcela, también se transmitan. Sin agua la tierra no vale nada.
El otorgamiento o prórroga de una concesión, autorización o permiso de agua estará condicionada al cumplimiento de obligaciones fiscales; la captación de agua pluvial para uso agropecuario requerirá de autorización; existirá un monitoreo permanente a los productores, quienes de forma anual deberán reportar el volumen de agua que utilizaron, la superficie que cultivaron, los cultivos que regaron, la producción que obtuvieron con independencia de si la vendieron o no; y se duplica el monto de las multas que la autoridad administrativa podrá imponer por infracciones, pudiendo ser de hasta 7 millones de pesos, los cuales se podrán triplicar en caso de reincidencia.
Las infracciones administrativas como transmitir los títulos de concesión; cambiar cultivos en los cuales se puede variar parcial o totalmente el uso del agua; ceder, suministrar o intercambiar el uso parcial o total de aguas; así como no instalar medidores, con recursos propios y con las características que se determinen, para medir la cantidad de agua que se usa, serán también delitos con penas de prisión de dos a doce años y multas de hasta cuatro mil días multas contrario a lo que establece el artículo 29 del Código Penal Federal y que monetariamente pueden ser hasta por un más de un millón de pesos.
La autoridad suprema para la toma de decisiones, dotada de facultades discrecionales, será la Conagua; se relega a los organismos cuenca; y los malos de la película serán las entidades federativas y municipios, a quienes se les cargan más funciones y obligaciones sin el correspondiente respaldo presupuestal para que garanticen una infraestructura idónea para proporcionar agua de calidad y con sostenibilidad.
Morena en su afán de tener el poder de decidir a quién le da agua o a quien se la quita, con esta propuesta muestra nuevamente su desprecio al sector productivo agropecuario que, durante los últimos siete años, ha sufrido los recortes presupuestales por más de 213 mil millones de pesos acumulados, la desaparición de 24 programas sociales, la inexistencia de precios de garantía para la venta de sus cosechas y una falta de respaldo financiero al desaparecer Financiera Rural. Ahora a este sector, fundamental para garantizar el derecho a la alimentación en México, le tocará sufrir el despojo más grande de todos los tiempos, del agua.
En conclusión, Morena pretende que el agua deje de ser un derecho exigible, para ser un privilegio que el gobierno dictatorial concederá sólo a quien decida y, en otros casos, tendrá el poder de quitarlo o condicionarlo.
Ojalá las voces de los diversos sectores que han manifestado sus inquietudes en contra de esta iniciativa sean escuchadas y que la propuesta no sea aprobada en los términos en que fue presentada. No a la ley de aguas.
Expresidente del Capítulo Campeche de la BMA.