Por: Ricardo Ríos Ferrer
En derecho comparado existe la diferencia conceptual entre “Rule of Law” (Estado de Derecho) y “Rule by Law”, (abuso del Estado de Derecho). Éste consiste en la manipulación de instituciones jurídicas por parte de un régimen con control político suficiente, a modo de desarrollar sus propios intereses a costa del interés general, con lo cual gobierna bajo la apariencia de legitimidad y de respeto al Estado de Derecho. Su propósito es insertar en normas legislativas o administrativas, disposiciones en las que imponen su propia ideología; suprimen o limitan derechos fundamentales de individuos o de grupos sociales antagónicos o bien impiden la funcionalidad constitucional de otros órganos del Estado que le estorba.
Al diseñar este tipo de actos abusivos del Estado de Derecho, sus autores calculan perversamente que su vigencia será general a pesar de su inconstitucionalidad, ya que confían en que no toda la población podrá o querrá impugnar dichos actos. Saben bien que el camino para invalidar una norma legislativa o administrativa con defectos constitucionales o legales, es mucho más difícil, incierto, costoso y duradero que el camino formal para crearla y para desencadenar su pronta entrada en vigor.
El ejercicio de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para determinar el presupuesto de egresos, también puede convertirse en un abuso del Estado de Derecho si la reducción presupuestal propuesta actualmente para el Poder Judicial Federal está motivada por el interés del régimen en comprometer su funcionalidad constitucional, en represalia por su conducta independiente.
Asimismo, hay claros ejemplos de abuso en la emisión de decretos presidenciales, tales como los relativos al maíz transgénico o al glifosato. Caso peculiar es el de cigarros electrónicos donde el Ejecutivo Federal actual emitió 5 decretos sucesivos dentro de un período de poco más de 24 meses, todos, salvo uno, con el mismo contenido prohibitivo, con la intención de provocar la inutilidad de una sentencia firme o el sobreseimiento de juicios de amparo en proceso, respecto del decreto inmediato anterior.
El abuso del Estado de Derecho ha sido utilizado por regímenes con inclinaciones impositivas de sus propios intereses, sin consideración alguna por los intereses de los demás. La función de control constitucional independiente del Poder Judicial es requisito sin el cual no se podría prevenir ni corregir el abuso del Estado de Derecho. De la independencia y funcionalidad del Poder Judicial depende la vigencia plena del Estado de Derecho.
Expresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
