Por Luis Pereda
Inde latae leges, ne firmior omnia posset.
¿Le gustaría que regresáramos a vivir en una sociedad donde impere la ley del más fuerte? Es fácil, solo quite la institución de la cosa juzgada y habrá quitado el contrafuerte del sistema jurídico mexicano. Ya no habría sentencia que valga ni tribunal que importe. Si usted es el más fuerte de esa sociedad, no tiene nada que temer. Pero ¿y si no lo es? Preocúpese.
Sin la certeza que aporta la cosa juzgada, María ya no será dueña de su casa, Juan ya no estará divorciado, Roberto ya no tendrá la obligación de pagar pensión alimenticia, Claudia ya no deberá cumplir su sentencia por robo, Jorge ya no tendrá derecho a su indemnización, Ana ya no deberá cubrir el título de crédito que emitió e Irma ya no tendrá derecho a ser reinstalada en su empleo. Todas las decisiones de los tribunales tendrán la duración y la firmeza que el más fuerte quiera que tengan.
De acuerdo con la tesis con número de registro digital 167948: “La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada”. Si la nueva Corte decide reinventar el Derecho a través de la revisión de las sentencias de sus antecesores, no solo logrará los reflectores que parece buscar con gazuza, también logrará desmantelar nuestro sistema jurídico.
El sistema jurídico mexicano de hoy es el resultado del acoplamiento, durante siglos, de ideas, principios, valores, teorías, experimentos, errores y aciertos. Y como toda institución social, es imperfecto e incompleto, por eso incluye mecanismos para su revisión. ¿Puede ser sustituido? Claro que sí. Hoy no tenemos el mismo sistema jurídico que en 1820. Para sustituirlo, solo se necesitaría de un entramado igualmente complejo de normas, instituciones, procesos y procedimientos; animado y articulado por una teoría del Derecho y una teoría de la justicia, y además que provea soluciones para los conflictos de todos los días. Si la nueva Corte no cuenta con un entramado así, quizá sería buena idea que se abstenga de espolear un soporte del sistema jurídico mexicano: la res iudicata.
En el amparo en revisión 622/2016, la ministra ponente escribió “La autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio de los jueces.” En otras palabras, la cosa juzgada permite confiar en que la sentencia de ayer será acatada mañana. Si las personas y las empresas confían en este principio, acudirán a los tribunales para que, una vez seguidas las formalidades esenciales del procedimiento, obtengan una solución a sus conflictos. Si no confían en este principio, buscarán otras vías para resolver sus conflictos, incluida la fuerza.
Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante un intento serio de la Corte por diseccionar, estudiar y analizar el derecho adjetivo y sustantivo del pasado para redactar, en el futuro, mejores sentencias? Excelente. Es muy bueno que, además de su participación en redes sociales e inauguraciones de altares de muertos, a las y los ministros también les dé tiempo para esto.
Ahora bien, si lo que se busca es manosear sentencias firmes para con ello recompensar a los patrocinadores de los acordeones (los cuales ya fueron cubiertos por un capelo de impunidad, cortesía del Tribunal Electoral), entonces sí, que se mande a la chingada a la cosa juzgada.
Miembro del Consejo Directivo de la BMA.