Durante los vuelos de sus giras de trabajo el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha el tiempo para tres cosas: leer, afinar sus discursos y revisar sus redes sociales, entre ellas Twitter. ¿Será que ayer, cuando su vuelo hacia Mérida se retrasó una hora, tuvo oportunidad de ver el mensaje que subió uno de sus tuiteros favoritos, Pedro Miguel Arce ? El escritor y uno de los redactores de la Guía Ética hizo una publicación, a propósito del video donde se ve a la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, charlando, entre otros temas sobre el populismo, con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere , condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por delitos como tráfico sexual de personas, pornografía infantil y extorsión: “Si te guías por principios, no mientas, porque defraudas la confianza depositada en ti. Si te guías por intereses, no mientas, porque la verdad termina por saberse”, escribió don Pedro Miguel. ¿Habrá retuit presidencial?
El diputado que escribe leyes con faltas de ortografía
Usted recordará que la semana pasada dos diputados federales de Morena presentaron sendas iniciativas para apoyar al presidente, Andrés Manuel López Obrador con la intención de evitar que los jueces pudieran otorgar amparos a particulares para frenar el desarrollo de leyes importantes o de las empresas productivas del estado, léase Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. El pasado miércoles, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, se presentó una iniciativa del diputado Alfredo Rivas Aispuro para modificar el artículo 128 de la Ley de Amparo. El corazón de su propuesta es ampliar los requisitos para que una persona pudiera obtener un amparo cuando quisiera ir contra leyes o normas generales. En las benditas redes sociales circula el documento con su iniciativa y ponen en evidencia que don Alfredo no es muy bueno en eso de la ortografía, debido a que en el título de su iniciativa escribió “Suspención”. Lo peor, es que ahora esa falta de ortografía no podrá ser corregida, pues recuerde que al Presidente no le gusta que le muevan ni una coma a las iniciativas que favorecen su proyecto político.
La muerte de la Operación Tamal
Con algunas campañas electorales iniciadas, y otras por iniciar, el Instituto Nacional Electoral ya tiene listo el protocolo para la realización de eventos políticos en el contexto de la pandemia de Covid-19. Nos dicen que algo con lo que tendrán que cumplir candidatas y candidatos es la realización de actos cortos y evitar que se entregue y se consuma comida en los lugares de los eventos de campaña. Tampoco podrán transportar a grupos de personas en un mismo vehículo. ¿Podrán los partidos vivir sin el acarreo y la entrega de tortas y refrescos en los mítines? ¿Será que la pandemia también cobró la vida de la mítica operación tamal?
Sospechosa lentitud de la justicia en Chihuahua
La defensa de Maru Campos, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, nos hacen ver, ha sido contradictoria en su afán por alargar los dos procesos en su contra: el que la involucra en la llamada “nómina secreta” del exgobernador César Duarte , y el que se le sigue por presuntamente haber cobrado moches y favores a proveedores de su gobierno cuando fungía como alcaldesa de la capital. Los abogados de doña Maru argumentan que no han podido conocer en su totalidad las impugnaciones de la Fiscalía contra su clienta para poder llevar a cabo una defensa justa, situación por la que se ha estado amparando. Pero los agentes del Ministerio Público han acusado ante el juez que se trata de una maniobra para seguir alargando el tiempo de la aplicación de la justicia. Aunado a ello, la defensa de Campos solicitó que la acusación sobre la “nómina secreta” se desahogara en el fuero federal y no al fuero común. Sin embargo, en dicha petición no se pudo acreditar que los recursos públicos de la llamada “nómina secreta” pertenecieran a aportaciones federales, por lo que fue denegada su petición. Lo interesante, nos dicen, es que esta petición contradice el argumento de la defensa de que no cuenta con los documentos suficientes que validen las imputaciones, pues en la petición aseguran que las aportaciones eran federales y no del gobierno local, lo que muestra que efectivamente conocen de qué se le acusa puntualmente. Al parecer a alguien le conviene que este caso siga alargándose. Sospechoso caso.