Nos cuentan que en Morena están a la espera de señales desde Palacio Nacional para saber qué actitud tomar ante el inédito paso que dio el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de iniciar el procedimiento para abordar lo que considera una crisis de desapariciones en México. Gobernación y Cancillería emitieron un comunicado en el que señalan que “estudiarán” las recomendaciones del Comité y su solicitud de información, pero enfatizan que no son desapariciones que haga el Estado. Para los morenistas, lo que declare la presidenta Claudia Sheinbaum les aclarará si se va por la diplomacia o se va al pleito. Luego de la batalla retórica sobre si en Teuchitlán había un centro de “exterminio” o uno de “adiestramiento”, lo que es un hecho es que el tema de los desaparecidos no “desaparecerá” con declaraciones. No es que los mande desaparecer el Estado, pero sí está obligado a enfrentar el fenómeno. Ya veremos en qué tono se da la respuesta política de los guindas. ¿No eran ellos los que decían en el caso Ayotzinapa que “fue el Estado”? Hay una iniciativa presidencial sobre el problema y un diálogo con los colectivos de búsqueda en puerta.
Sin pistas sobre Aureoles Conejo
Ya pasó un mes de que una jueza federal giró orden de captura contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y los sabuesos de la Fiscalía General de la República no dan con el experredista, acusado por el desfalco de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles para la policía estatal. Los agentes del fiscal general Alejandro Gertz, nos recuerdan, ya detuvieron a cuatro excolaboradores de Aureoles, quien habría logrado salir del estado. Nos comentan que el hecho de que no se haya presentado por parte de abogados del exmandatario michoacano ninguna demanda de amparo contra la orden de aprehensión indica que el prófugo no piensa asomar la cara, a diferencia de sus exsecretarios de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona e Israel Patrón, quienes ya solicitaron la protección de la justicia porque también son requeridos por el caso de los cuarteles de la Guardia Civil. A salto de mata, pues, como indica su segundo apellido.
La batalla por elevar la participación en los comicios judiciales
Nos cuentan que los ojos están puestos sobre el Tribunal Electoral, en el que recaerá la decisión final sobre si el Ejecutivo, legislativo y otras instituciones gubernamentales pueden hacer promoción del voto de la elección judicial. Aunque las impugnaciones ya rozaban las 40, aún no está listo el proyecto que se discutirá la próxima semana, por la relevancia del asunto. La cuestión será ver si plantean darle la vuelta a la ley que el Congreso aprobó o la siguen al pie de la letra. El fondo del asunto, nos hacen ver, es que hay preocupación en el oficialismo porque la expectativa de participación ciudadana es muy baja. Empezó en 10 por ciento del padrón. Subieron la meta a 15 y ahora desde el gobierno empujan para que se alcance 30 por ciento. Sin promoción, la ven difícil. Los magistrados actuales han concedido casi todo. ¿Darán otra vez su brazo a torcer?