Si Claudia Sheinbaum es, como presumen varios cuadros de su partido, la presidenta más popular de la historia reciente del país, entonces no necesita someterse a una revocación de mandato. La figura pierde sentido cuando no existe una crisis generalizada de legitimidad ni un reclamo ciudadano masivo para activarla.
Los datos lo confirman: al cierre de 2025, diversas encuestas señalan que la aprobación ciudadana de su gestión se mantuvo por encima del 70 % durante la mayor parte del año, con mediciones que la colocan en rangos de entre 69 % y más de 75 %.
Por ejemplo:
• Una encuesta nacional de El Financiero indica que Sheinbaum terminó 2025 con 69 % de aprobación entre los mexicanos, frente a un 31 % de desaprobación.
• Otra medición de TResearch International señala que la mandataria inició 2026 con cerca de 75.6 % de apoyo ciudadano.
• La casa encuestadora QM Estudios de Opinión y Heraldo Media Group reportan un respaldo similar de 72 % al principio de 2026.
• Datos de Mitofsky también muestran una aprobación consolidada por encima del 70 % durante la mayor parte de 2025.
Estas cifras colocan a Sheinbaum en niveles de respaldo ciudadano claramente elevados.
En este contexto, la revocación de mandato, concebida como un mecanismo ciudadano para evaluar —y en su caso remover— gobiernos con respaldo menguante o en crisis de legitimidad, no parece responder a una demanda social amplia. Por el contrario, el impulso para traerla al centro del debate proviene —irónicamente— del mismo partido que encabeza la Presidencia.
Esto suscita una interrogante legítima: ¿cuál es entonces la verdadera intención de Morena al intentar colar la revocación en 2027? Porque si una herramienta que nació para ser ejercida por la oposición o por una ciudadanía descontenta es empujada desde el poder hacia su propia líder, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de distracción política y desgaste. Todo apunta a esta opción, de otra forma no tendría sentido.
Colocar a la Presidenta en una ruta de revocación implica, además, desviarla de su principal objetivo: dirigir un país con múltiples retos en materia de seguridad, economía y cohesión social. Esto se vuelve más evidente cuando se considera que buena parte de la crítica pública —incluso entre quienes aprueban su gestión general— se concentra en temas como la seguridad y la corrupción, donde las evaluaciones ciudadanas no son tan favorables.
Los efectos no son menores; una revocación impulsada desde el poder puede abrir la puerta al uso político de programas sociales, a la movilización clientelar en campañas, a la instrumentalización de la administración pública para obtener réditos electorales y a tensiones territoriales que distraen de una gestión efectiva.
Además, la revocación de mandato no debería ser un escenario para amenazar a la Presidenta, ponerla en riesgo o convertirla en objeto de politización permanente. Debe ser un mecanismo ciudadano para fortalecer la rendición de cuentas, no un pretexto para convertir la administración presidencial en un instrumento al servicio de estrategias electorales.
Si Morena impulsa esta figura desde el interior, entonces también caben las preguntas: ¿están realmente insatisfechos con el gobierno de su propia Presidenta? ¿O se trata, más bien, de una jugada para reconfigurar la atención política y optimizar ventajas en un contexto electoral —que de por sí se antoja ajetreado—?
La democracia se fortalece cuando las reglas se emplean para ampliar la participación y la legitimidad, no cuando se usan para consolidar ventajas partidistas o distraer de las tareas de gobierno.
¿Es imposible jugar limpio?
@azucenau