Era julio de 2023 cuando un video mostró a la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, reunida un año antes con el líder del grupo criminal “Los Ardillos”, Celso Ortega Jiménez, alias “La Vela” o “El Ardilla”. Frente a frente, la morenista y el hombre armado con una pistola; ella, escoltada por dos personas —ambos hombres—; a uno de ellos apenas se le alcanza a distinguir una mano. Ese hombre, miembro de la Iglesia de Guerrero, coordinó la reunión a petición del obispo Salvador Rangel, quien acercó a la morenista al grupo criminal para intentar “detener la sangría” en el estado.

En Guerrero la noche ha sido larga: demasiada muerte, demasiada presión. Por ello, Norma Otilia pidió ayuda a la Iglesia, según me indican fuentes de la institución cercanas al caso, quienes me narran que el padre, como mediador, fue con el obispo, y este prometió hablar con el líder del grupo criminal, ofreciendo a la morenista un encuentro con él. En la reunión, llevada a cabo en el municipio de Quechultenango, “El Ardilla” exigió respeto para sus policías comunitarios, así como los contratos del transporte público y del comercio realizados con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lo que no era posible para la alcaldesa, pues era decisión de la gobernadora, quien nunca la recibió.

La indiferencia costó caro, y la factura se cobró poco tiempo después. El seis de octubre de 2024 ocurrió uno de los hechos más crueles en la entidad: la decapitación del alcalde de Chilpancingo —y sucesor de Norma Otilia—, Alejandro Arcos, cuya cabeza fue dejada sobre el techo de una camioneta y su cuerpo al interior. Llevaba seis días en el cargo, y ya habían asesinado a dos de sus funcionarios. Se dijo que no cedió a las presiones “Los Ardillos”, quienes le exigían infiltrar a su gente en el gobierno local. Él había pedido protección en tres ocasiones, pero el gobierno lo dejó solo.

La revelación que me comparte el testigo coincide con que, al inicio de ese mismo año, 2024, el obispo Salvador Rangel aceptó públicamente que buscaba una tregua con los grupos criminales (Los Ardillos y Los Tlacos). Lo que nunca dijo fue que él mismo concertó la cita de la alcaldesa con Ortega Jiménez. “El gobierno no tiene voluntad de apagar esos fuegos; o le tiene miedo al crimen organizado, o también hay ciertos arreglos con ellos. La cosa es que el gobierno ha sido ineficaz para tratar de arreglar esos asuntos”, me dijo en una entrevista en febrero de 2024. Dos meses después, el obispo desapareció en circunstancias aún no explicadas, y aunque fue hallado con vida, desde entonces no ha tenido ninguna aparición pública.

Según la persona con la que pude hablar del encuentro, tanto la gobernadora como Mario Delgado, entonces dirigente de Morena, así como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, estaban enterados, por eso nunca cuestionaron a Norma Otilia, pero tampoco la protegieron.

Luego, en septiembre de 2024, vino la expulsión del partido al que se integró de nuevo seis meses después. Hoy que regresa a la vida política, sería honesto y necesario que contara la verdad y dejara de insistir en lo imposible: que su reunión con “La Ardilla” fue un encuentro fortuito.

Los alcaldes y los policías municipales son el eslabón más débil, y están abandonados por sus partidos y por las autoridades estatales y federales. ¿En cuántos municipios más los criminales están al acecho; amenazando, cooptando, matando a quienes no se alinean con ellos?

Durante el gobierno de Evelyn Salgado han sido asesinados al menos 34 políticos en Guerrero.

Si no se recupera el control del territorio y se rompe el silencio institucional, cada elección será una sentencia y cada cargo público, una condena.

@azucenau

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