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En Morelos, la extorsión dejó de ser un delito aislado para convertirse en un sistema de gobierno paralelo. En septiembre de 2024, al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se registraron al menos 20 víctimas. En abril pasado fueron 84. En números totales parecerá poco para muchos, pero en términos reales se trata de un aumento del 320 por ciento en apenas 19 meses. Son 762 personas las que denunciaron haber sido extorsionadas (poco más de una víctima cada día). Y eso es solo el reflejo estadístico de aquellos que, poniendo en riesgo su vida y la de sus seres queridos, hartos del dominio del crimen organizado, se atrevieron a denunciar. Si de los números pasamos a los testimonios, la realidad es mucho más cruel.
El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, describió una escena que retrata el colapso del Estado —a nivel local y federal—. En Huautla, una población del municipio de Tlaquiltenango, al sur de Morelos, familias enteras deben pagar 200 pesos mensuales por cada integrante de la casa para que el crimen organizado “proteja” su vivienda. Esto significa que una madre con cinco hijos tiene que entregar actualmente mil 400 pesos mensuales para seguir con vida. No al gobierno. No al SAT. A los delincuentes.
Y peor aún. Es una cuota que se debe entregar, no a uno, sino a dos cárteles, pues La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan el territorio, representando una doble tributación criminal. Si no se paga, las consecuencias llegan de inmediato: quema de negocios, disparos contra viviendas y amenazas de muerte. Incluso un párroco tuvo que abandonar su comunidad después de ser advertido de que lo asesinarían si permitía el ingreso de la Guardia Nacional durante la Semana Santa, como lo habían solicitado los pobladores.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum se limita a recordar que basta con llamar al 089 para que las fiscalías investiguen. Una falacia más. Y el secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado, habla de “caminar juntos” con empresarios y líderes religiosos. El lenguaje burocrático intenta transmitir coordinación, pero en las calles lo que impera es otra cosa: miedo, silencio y abandono.
La señora que vende tamales, el comerciante que cierra su negocio, la familia que paga para no morir… Todos han entendido una verdad devastadora: están solos. Solos frente a los criminales, frente a la impunidad, frente a autoridades que diagnostican, prometen y se reúnen, pero no logran recuperar el control.
Piden pruebas, evidencias para poder demostrar que los criminales están acabando con este país. Los ciudadanos no tenemos más pruebas que nuestra intranquilidad, ya que hasta hoy —aunque podría suceder en el futuro— ningún delincuente emite facturas que evidencien el cobro de piso.
En Morelos, la soberanía ya cambió de manos y, en definitiva, el poder no se ejerce desde el Palacio de Gobierno. Finalmente, y como siempre ha pasado, la factura la pagan todos los días los huérfanos de un Estado ausente.
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