Gustavo lleva un año buscando a su hijo desaparecido en Escobedo, Nuevo León. Su familia es del Estado de México, pero Abraham recibió una oferta de trabajo como taxista y encontró un destino fatal: no está muerto, pero tampoco vivo.
Su padre pidió ayuda en Nuevo León, donde nadie le ha dado una sola pista. Fue a la morgue, donde “el corazón se hace pedacitos”, me dijo, en una conversación que tuvimos después de que, durante una reunión con colectivos, lanzó una dura pero legítima súplica a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez: “Que regresen a nuestras casas nuestros tesoros, y aunque sea un huesito para tenerlo, y saber que están ahí. Un huesito, aunque sea, para darles cristiana sepultura. Es lo único que pedimos. No queremos guerra, no queremos violencia, queremos amor”, dijo ahogado en lágrimas.
Amor, amor, amor… Pienso en ello y en las madres y padres buscadores, quienes se vieron obligados a rastrear a sus desaparecidos ante la incapacidad del gobierno. Ahí está el amor. No en cupidos, chocolates o cartas de amantes, sino en palas, picos, tractocamiones, tierra, huesos y esperanza. Esperanza, dolor y amor.
¿Dónde está? Nadie ha dado respuesta a esa pregunta que actualmente se hacen más de 127 mil familias. Una pregunta que resuena como un grito fantasmal por todo el país: gritos contenidos en fosas o en casas de seguridad, cubiertos de ceniza o emitidos a través de un arma de algún un sicario forzado. Los destinos son tan numerosos como inciertos.
De estas desapariciones, hay cientos perpetradas por algún funcionario, servidor público o gobierno. Cientos de desapariciones forzadas que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, ha negado que existan, incluso retó al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Olivier de Frouville, a que presentara un solo caso atribuible “a nuestro gobierno”. No sé si el funcionario de la ONU ha respondido, pero aquí le muestro solo algunos casos, senador:
Liliana Pérez, de Chiapas, me dijo el 9 de abril: “La desaparición forzada sí existe. El 28 de febrero de 2024 irrumpieron en mi domicilio personas vestidas del Ejército Mexicano y también de la fiscalía; se llevaron a mis dos hijos. Me dijeron que no pusiera la denuncia porque la fiscalía trabajaba para ellos, el C5 trabajaba para ellos, entonces yo no podía hacer nada. Mi hijo era militar activo. Vine a pedir apoyo acá al Campo 1 en la Sedena; me lo negaron, ni siquiera me recibieron. Me dijeron que él había traicionado a la patria porque se había ido con esas personas”.
Eunice Escalera, de Michoacán, me dijo el 5 de enero de 2022: “Mi hermano Gabriel sigue desaparecido desde el 8 de diciembre, y claro que fueron los de la Guardia Nacional los que se lo llevaron porque están los videos, está la hora, está la fecha. Y luego ellos quisieron hacer un montaje el 12 de diciembre, mostrando que supuestamente ellos encontraron la camioneta. Esa es una mentira, porque en los videos se ve cómo ellos llevan la camioneta el 8 de diciembre”.
En 2024, dos hombres en Tala, Jalisco, fueron secuestrados por elementos de la Policía Municipal, quienes los entregaron a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las víctimas fueron llevadas al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, de donde fueron liberadas en septiembre, durante la primera incursión de autoridades en el sitio. En esa acción fueron detenidos 10 presuntos criminales. Apenas el mes pasado fueron aprehendidos los tres oficiales que entregaron a los hombres a esa organización.
Todo lo anterior bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero diez años antes, con Enrique Peña Nieto como presidente, en septiembre de 2014, policías municipales de Iguala, Guerrero, desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en medio de la acción u omisión de militares, algunos de ellos ya están en prisión.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional explica que las víctimas de desaparición forzada “son personas que desaparecen cuando agentes estatales —o con el consentimiento del Estado— las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran”.
Si todo esto no es desaparición forzada, ¿entonces qué es? Senador Fernández Noroña por el espacio de esta columna no le muestro otros, pero hoy en mi programa de Radio Fórmula puede escuchar uno más.
Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Así es, ¿cierto?
@azucenau
