Por: Arq. Ana Karla Beraza Sánchez
En México, la invasión y el despojo de propiedades se ha convertido en un fenómeno alarmante que afecta el derecho a la propiedad privada, un derecho fundamental garantizado por la Constitución. Sin embargo, los propietarios enfrentan una realidad de indefensión debido a la inacción de las autoridades, e incluso, en algunos casos, a su participación en estas invasiones. En el Estado de México y la Ciudad de México, los casos de despojo no son aislados, y los propietarios se ven atrapados en procesos judiciales largos, costosos y, a menudo, infructuosos. Este artículo explora el contexto actual de las invasiones de propiedades, las recientes reformas legales y las propuestas para mejorar la protección de la propiedad privada en el país.
El Contexto del Despojo y las Invasiones
Un caso reciente ilustra la situación de muchos propietarios en el Estado de México. En Ecatepec, un grupo de personas se apropió de un predio al romper cerraduras y tomar posesión ilegal del lugar. A pesar de la denuncia, la policía estatal y municipal se vieron enredadas en una disputa de jurisdicción, y los propietarios solo pudieron recuperar su terreno tras un proceso judicial prolongado y costoso. En otro caso emblemático, un predio en la Colonia Condesa de la Ciudad de México fue invadido por delincuentes que contaban con respaldo de grupos locales y de funcionarios, generando una situación de tensión e inseguridad en la comunidad durante años. Finalmente, tras múltiples denuncias, el predio fue liberado, pero el desgaste emocional y económico para los dueños fue inmenso.
Estos ejemplos no son aislados. Son un reflejo de la permisividad de las autoridades locales e incluso su involucramiento en actos de invasión y despojo. La corrupción y el abuso de poder se entrelazan con la falta de acciones efectivas para proteger a los propietarios, quienes, en vez de contar con un sistema que salvaguarde sus derechos, deben enfrentar costos elevados y procesos interminables.
Nuevas Disposiciones y Cambios en la Legislación
En respuesta a la creciente crisis de invasiones, se han introducido reformas constitucionales y cambios en las leyes estatales y federales para proteger a los propietarios. Estas disposiciones buscan atender el problema de manera más eficiente y contundente, proponiendo clasificar el despojo como un delito penal, lo que permitiría a las autoridades intervenir de manera más rápida y eficaz. La penalización del despojo representa un avance significativo, ya que hasta ahora, el despojo se resolvía únicamente por la vía civil, donde los procesos podían alargarse por años sin garantías de recuperar el bien en buenas condiciones.
Bajo el liderazgo de Ernestina Godoy Ramos, quien asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica en 2024, se han hecho esfuerzos para actualizar y reforzar el marco legal. Según Godoy Ramos, solo en 2018 existían más de tres mil carpetas de investigación rezagadas relacionadas con casos de despojo. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la urgencia de acciones concretas para proteger a los propietarios y agilizar los procesos judiciales.
Impactos Sociales y Económicos del Despojo
Las invasiones y el despojo de propiedades tienen un impacto devastador tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Los propietarios se ven obligados a asumir elevados gastos legales y a reparar los daños causados en sus propiedades, que en muchos casos han sido deterioradas por los invasores. Además de los costos económicos, el fenómeno del despojo genera un clima de inseguridad y desconfianza en el sistema judicial y en las instituciones gubernamentales.
Socialmente, el problema se agrava debido a la complicidad de ciertos funcionarios y grupos que se benefician económicamente de las invasiones. Esta situación provoca una incertidumbre jurídica y afecta el desarrollo urbano ordenado, deteriorando el tejido social y minando la confianza de los ciudadanos en las autoridades que deberían protegerlos.
Propuestas para Mejorar la Protección de la Propiedad Privada
Para hacer frente a este complejo problema, es necesario adoptar medidas específicas y contundentes que brinden una solución estructural y duradera a la vulnerabilidad de los propietarios en México. A continuación, se presentan algunas propuestas clave:
- Reformas Jurídicas y Penales: Es fundamental tipificar el despojo como un delito penal, lo que permitiría la intervención oportuna de las autoridades en beneficio de los propietarios afectados. Este cambio ayudaría a acelerar los procesos y a establecer sanciones efectivas para los responsables de las invasiones.
- Fortalecimiento de los Mecanismos de Supervisión de Autoridades Locales: Es imperativo implementar un sistema de auditoría y monitoreo que garantice que los funcionarios públicos actúen en defensa de la propiedad privada y no en su detrimento. Las autoridades locales que participen o respalden actos de despojo deben ser sancionadas, promoviendo una cultura de rendición de cuentas y responsabilidad.
- Creación de una Defensoría para la Propiedad Privada: La creación de un organismo independiente que ofrezca defensa legal gratuita a los propietarios afectados podría brindar un apoyo directo y especializado a las víctimas del despojo. Este organismo actuaría de oficio en casos de despojo, brindando asistencia legal y facilitando los procesos judiciales.
- Protección de Inmuebles Desocupados: La implementación de sistemas de monitoreo y seguridad en las zonas con alta incidencia de invasiones es esencial. Mediante cámaras y mecanismos de respuesta rápida, se podría prevenir la ocupación ilegal de propiedades desocupadas y brindar a los propietarios una mayor seguridad.
Conclusiones
La protección de la propiedad privada es fundamental para garantizar la estabilidad social y económica en México. Las nuevas disposiciones legales son un paso en la dirección correcta, pero es necesario un compromiso sólido y constante por parte de las autoridades para asegurar una protección efectiva de los derechos de los propietarios. La tipificación del despojo como delito penal y la implementación de mecanismos de auditoría y defensa legal representan avances significativos, pero su efectividad dependerá de una aplicación rigurosa y sin concesiones.
La responsabilidad de las autoridades es clara: defender el patrimonio de los ciudadanos y evitar que la corrupción y el abuso de poder sigan vulnerando el derecho a la propiedad privada. Solo mediante una colaboración activa entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil será posible construir un sistema que respete y defienda los derechos de todos los mexicanos. La defensa de la propiedad privada es, en última instancia, una defensa de la legalidad y el estado de derecho, elementos esenciales para el desarrollo de un país justo y equitativo.
