Por Mtro. Horacio Martínez Meza
El 28 de octubre de 2024 se cumplieron cinco años desde la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del -Aviso por el que se establece la Estrategia de Diagnóstico del Servicio de Transporte de Pasajeros Públicos de Ciclotaxi, Mototaxi y Golfitaxi-. En aquel documento, el propio Gobierno de la Ciudad reconocía la magnitud del fenómeno: los mototaxis operan principalmente en Tláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa, representando cerca del 1.5% de los viajes totales de la metrópoli.
Más revelador aún: el 60% de las usuarias de este servicio son mujeres, y no existe un marco normativo que regule su operación. Es decir, se trata de un servicio indispensable, cotidiano y popular, pero al margen de la ley.
Un diagnóstico que se quedó en el papel
La Estrategia tenía como propósito trazar una ruta crítica para mejorar estas modalidades de micromovilidad. Se realizó un censo digital en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública, registrando 8,291 unidades, 7,106 propietarios y 7,507 operadores agrupados en 171 organizaciones.
La segunda etapa, realizada de manera presencial entre marzo de 2022 y abril de 2024, actualizó las cifras: 12,413 unidades, 10,137 propietarios y 12,413 operadores. Un crecimiento del 50% en apenas tres años, que confirma que el fenómeno no solo persiste, sino que se expande sin control ni regulación.
Movilidad barrial, un vacío legal que pone en riesgo vidas
Hoy, a más de un año y medio de concluido el diagnóstico, el panorama es alarmante. Las autoridades responsables de la movilidad y la seguridad vial han mantenido un silencio que se traduce en omisión institucional.
El Congreso de la Ciudad de México no ha legislado para reconocer a los mototaxis como servicio de transporte público de pasajeros, tal como ya ocurre con los ciclotaxis. Esta falta de reconocimiento legal empurra a miles de familias trabajadoras a la informalidad, mientras la ciudad pierde la oportunidad de ordenar, profesionalizar y aprovechar un servicio que responde a una necesidad real de conectividad local.
La ausencia de regulación provoca consecuencias visibles: conducción en sentido contrario, exceso de velocidad, y manejo bajo el influjo de sustancias. Cada accidente es un recordatorio de la falta de responsabilidad compartida entre operadores y autoridades.
Hacia una política de movilidad con sentido social y urbano
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) debe asumir el liderazgo técnico que le corresponde: establecer lineamientos operativos, registros, normas técnicas y de seguridad que permitan transitar hacia un modelo formal de movilidad barrial.El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, por su parte, tiene la obligación —con base en su Ley Orgánica y en el artículo 31 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial— de incorporar los viajes de primer y último tramo al Plan General de Desarrollo de la Ciudad, reconociendo su papel en la accesibilidad urbana.
Conclusión: una deuda que pone a la Ciudad en riesgo
La regulación de los mototaxis ya no puede postergarse.
Cada día que pasa sin un marco jurídico y operativo adecuado significa más accidentes, más precariedad y más desconfianza ciudadana.
La Ciudad de México necesita una política de movilidad que no criminalice la necesidad, sino que ordene con visión social y territorial.
Regular los mototaxis no es un tema menor: es un acto de justicia urbana, de seguridad vial y de planeación responsable.
Es Asociado de número de la Asociación Mexicana de Urbanistas AC
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