Por Juan L. Kaye López
El Infonavit ha anunciado una nueva estrategia para atender las más de 145 mil viviendas abandonadas o invadidas en México. Sin embargo, detrás del discurso de inclusión y justicia social se esconde un riesgo profundo: la normalización de la ilegalidad.
Regularizar lo irregular
La estrategia del Infonavit propone un modelo de “renta con opción a compra” para personas que actualmente habitan viviendas de manera irregular. A través de contratos formales, estos ocupantes podrán habitar legalmente los inmuebles y eventualmente adquirirlos, todo sin recurrir a desalojos ni procesos judiciales.
El argumento oficial es claro: evitar litigios, promover la certeza jurídica y recuperar valor financiero de los activos abandonados. La propuesta también contempla la rehabilitación de viviendas y la posibilidad de reubicar al propietario original si este llegara a reclamar su inmueble.
Entre la inclusión social y la vulneración del Estado de derecho
Más allá de los beneficios inmediatos que el programa podría ofrecer —como la disminución de desalojos o la reactivación de zonas degradadas—, es necesario preguntarse: ¿a qué costo institucional?
La ocupación ilegal de vivienda está tipificada como delito en el Código Penal Federal. El artículo 395 establece penas de hasta cinco años de prisión para quien ocupe un inmueble ajeno sin autorización. Sustituir el camino jurídico por una solución administrativa envía un mensaje contundente: la ley puede ignorarse si las circunstancias lo permiten.
Aunque el Infonavit excluye del programa a personas con denuncias activas por despojo, en un país donde el 97% de los delitos no se denuncian, esta salvedad resulta insuficiente.
Incentivo a la ocupación ilegal
La estrategia, lejos de desincentivar las invasiones, podría convertirse en una señal de impunidad para grupos que lucran con la toma de predios. Es una puerta abierta para la expansión de prácticas delictivas, enmascaradas bajo una narrativa de justicia social.
Aceptar esta lógica no sólo erosiona el marco legal vigente; debilita también la confianza ciudadana en las instituciones. La propiedad privada, uno de los pilares del Estado de derecho, queda expuesta a la discrecionalidad administrativa.
Un precedente peligroso
Esta medida sienta un precedente alarmante. Legalizar ocupaciones ilegales puede ser una solución práctica, pero peligrosa. En lugar de reforzar el cumplimiento de la ley, se opta por institucionalizar la excepción.
Lo que el Infonavit presenta como una política de inclusión, corre el riesgo de ser interpretado como una concesión al despojo.
Conclusión
La estrategia del Infonavit refleja una tensión entre lo legal y lo conveniente. Aunque busca resolver un problema habitacional real, lo hace a expensas del orden jurídico. En un país donde la legalidad ya enfrenta múltiples desafíos, normalizar el despojo podría tener consecuencias irreversibles.
Presidente de la Academia Nacional de Arquitectura
