Juan L. Kaye López
El 18 de marzo de 1938 marcó un hito en la historia de México con la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. A través de esta decisión, el Estado tomó control de los bienes y activos de 17 compañías extranjeras que operaban en el país, sustentándose en el Artículo 27 de la Constitución y la Ley de Expropiación de 1937. Más allá de la dimensión económica y política, este hecho transformó el desarrollo urbano y social de las principales ciudades petroleras del país.
Ciudades moldeadas por el petróleo
La expropiación petrolera convirtió a varias ciudades en centros neurálgicos de la industria energética. Ciudad del Carmen (Campeche), Villahermosa (Tabasco), Coatzacoalcos y Minatitlán (Veracruz), Tampico y Altamira (Tamaulipas), Salamanca (Guanajuato), Salina Cruz (Oaxaca) y Tula (Hidalgo) han dependido históricamente de esta actividad, con la instalación de refinerías y complejos petroquímicos que atrajeron a miles de trabajadores.
Sin embargo, la situación urbana en estos polos de desarrollo presentaba un marcado contraste. Mientras la infraestructura industrial era moderna y altamente especializada, los asentamientos de los trabajadores mexicanos carecían de servicios básicos como agua potable, drenaje, electricidad, educación y salud. En contraste, los empleados extranjeros gozaban de mejores condiciones de vida, lo que agudizó la desigualdad social y generó tensiones entre las comunidades locales y las compañías extranjeras.
La urbanización sin planificación
A casi nueve décadas de la expropiación, estas ciudades han experimentado un crecimiento marcado por la falta de planeación territorial. La expansión urbana desordenada, impulsada por la promesa de empleo en la industria petrolera, ha derivado en problemas de infraestructura y servicios básicos deficientes. A pesar de los avances en algunos rubros, muchas de estas localidades siguen presentando rezagos en vivienda, transporte y equipamiento urbano.
Uno de los ejemplos más claros es Ciudad del Carmen, que ha logrado diversificar su economía hacia el turismo y los servicios, pero aún enfrenta dificultades por su dependencia histórica del sector energético. Otras ciudades como Poza Rica y Minatitlán siguen siendo altamente vulnerables a la crisis financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El costo ambiental de la industria petrolera
Otro de los grandes pendientes que dejó la expropiación petrolera es el impacto ambiental. La explotación de hidrocarburos ha causado daños severos en suelos y cuerpos de agua, afectando tanto el ecosistema como la calidad de vida de los habitantes. Aunque existen esfuerzos para mitigar estos efectos, la contaminación sigue siendo un problema crítico en muchas de estas localidades.
El futuro de las ciudades petroleras
El petróleo, que en la década de 1960 representaba el 15% del PIB nacional, hoy solo contribuye con el 3.7%, reflejando una paulatina transición hacia energías renovables y una menor dependencia de los hidrocarburos en las finanzas públicas. Sin embargo, Pemex continúa enfrentando graves problemas financieros, recurriendo al financiamiento público para mantenerse a flote.
Para estas ciudades, el reto principal es la diversificación económica y la modernización de su infraestructura urbana. La dependencia del petróleo ha dejado a muchas comunidades en una situación de vulnerabilidad, sin alternativas claras para su desarrollo a largo plazo.
A 87 años de la expropiación petrolera, el país aún tiene una deuda pendiente con las ciudades que dieron vida a la industria. La transición hacia un modelo más sostenible e inclusivo es imprescindible para garantizar su futuro y corregir los desequilibrios históricos que aún persisten.
Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Urbanistas
