Por Juan L. Kaye López
Dice el Congreso:
“Se busca apoyar la propiedad social de la tierra”, así, de la Constitución de la Ciudad se elimina el término “rural”, con ello asumen: se atiende la preocupación de los núcleos agrarios de la CDMX.
¿Qué superficies ocupan el suelo de conservación y el suelo urbano en la CDMX?
A partir de la entrada en vigor de la Ley que clasifica el suelo de la Ciudad en urbano y de conservación (desapareciendo el concepto de suelo rural), el 50% de la superficie de la CDMX será suelo de conservación, con un total de 87,291 has, donde se aportan a pesar de invasiones, tala de bosques, asentamientos irregulares, la aún vigente bio-diversidad de flora y fauna indispensables para la sostenibilidad de la ciudad, cada vez en mayor riesgo, pues a pesar de diversos operativos impulsados por las autoridades para contener, mitigar o compensar el deterioro ambiental, la recuperación de suelo invadido o apropiado ilegalmente es muy magra (206 has en 5 años ).
Los aportes del suelo de conservación a la vida urbana representan la principal área de recarga del acuífero de la CDMX gracias a sus extensas áreas de bosque (¡hace un par de semanas la prensa nacional consignaba las denuncias de los comuneros en Tlalpan donde los tala-montes ligados al crimen organizado derriban un promedio de 400 árboles diarios!).
Representa reserva de la biodiversidad, y contrarresta el efecto de los gases de efecto invernadero.
Lo anterior suena razonable, pero ¿que hay atrás de esta decisión?
Al modificarse el Art. 16 de la Constitución, se elimina el suelo rural, donde teóricamente se podían llevar a cabo acciones de edificación y que fue un reclamo en diciembre del año pasado de algunos pueblos originarios ubicados al sur de la CDMX, donde en lo que se denomina un instrumento de planeación conocido como el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), en el que el Gobierno de la Ciudad planteaba la realización de diversas obras. Como resultado de las airadas protestas de muchos vecinos, el Gobierno de la Ciudad manda una iniciativa al Congreso Local en la propone desaparecer el suelo rural y con ello cancelar la posibilidad de llevar a cabo obras de edificación (entendiéndose impulsar el desarrollo inmobiliario) en las zonas comprendidas dentro del “suelo rural”.
Pero hay un problema grave: desde el año 2020, el Congreso de la CDMX ha sido omiso en promulgar la “Ley de Ordenamiento Territorial” en la que quedaría claramente establecido como clasificar y “manejar” tanto el suelo de conservación en el futuro y definir las reglas para el manejo del suelo urbano (esta Ley la mandata directamente la Constitución Local como un transitorio de la Ley de Planeación).
La Constitución prevé como consecuencia de esa Ley, (que hoy no existe por omisión del Congreso Local) la creación de un instrumento de planeación que es el Programa General de Ordenamiento Territorial ya citado que debe establecer con precisión donde se puede construir o edificar “que” y por supuesto limita donde “no”.
El tema es que ese instrumento, el PGOT, no ha sido aún aprobado en el Congreso, fue muy cuestionado en las consultas celebradas en el año 2022, al punto de que tanto el Plan de Desarrollo Urbano como este Programa, ante el rechazo que provocaron, fueron causa de la renuncia del director del Instituto de Planeación de la Ciudad de México. La entonces Jefa de Gobierno se deslindó de los instrumentos y de pronto el ejecutivo entrante, deja el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, en manos de un segundo nivel, este aduce que ya se hicieron las correcciones, no se somete a consulta, se turna al Congreso que debiera discutirlo en comisiones antes de subirlo al pleno, pero ojo: ¡Hay una disposición que establece que si a los 6 meses de presentado al Congreso, este no lo discute, simplemente entra en vigor!
¿Cuál es el futuro del suelo de conservación?
Con la posible entrada en vigor del Programa General de Ordenamiento Territorial, sin una Ley que lo respalde y que es motivo de enormes preocupaciones de los pueblos originarios y amplios sectores de la sociedad civil, es que el PGOT establece que en este suelo de conservación recientemente aprobado con la Ley respectiva, se puede introducir “Infraestructura para el bienestar” que en ningún lugar se explica y que claramente deja entrever la posibilidad de que ese sea el camino no declarado abiertamente para impulsar en suelo de “conservación” programas de urbanización futura y así, cada vez que se lleve a cabo la construcción de una vialidad, una obra hidráulica, eléctrica o de drenaje, se haga con cargo a ese concepto tan poco claro como la “Infraestructura para el Bienestar”, generando alta especulación del suelo de conservación.
¿Que se propone se haga?
- Que el Congreso deje de ser omiso y promulgue la ley de Ordenamiento Territorial para definir como debe manejarse el suelo de la ciudad.
- Discutir en un parlamento abierto el contenido del PGOT antes de que su aprobación se dé como resultado de dejar correr el tiempo en una afirmativa ficta.
- Que el gobierno de la ciudad y las alcaldías del sur de la ciudad actúen con energía para detener la tala clandestina que tanto afecta la recarga de los acuíferos, que son la fuente del 70% del abasto de la ciudad y que hoy son terriblemente sobreexplotados. El otro 30% proviene del sistema Cutzamala hoy en estado agónico.
Presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC
