Por José R. Xilotl Soberón
Con el aumento en los últimos años del arribo de poblaciones migrantes de las Américas a México, fuera del discurso oficial, se ha puesto en duda si el valor económico de la inmigración es un positivo neto. Aun cuando metaanálisis, como el de Foged y Peri en 2015, han demostrado que los inmigrantes no conllevan una reducción en los salarios en las comunidades de su arribo, sino que tienen un impacto positivo en la economía general, vemos aun reportes desde ciudades fronterizas enfatizando la competencia por recursos, incluyendo espacios, entre las poblaciones locales e inmigrantes.
Aun cuando es entendible que los gobiernos locales y estatales, al no tener injerencia en la política migratoria de la nación, no cuenten con herramientas suficientes para llevar a cabo una estimación detallada de futuras necesidades generadas por la inmigración, estas deben poder reconocer un problema cíclico y prepararse para mitigar los impactos locales de futuras crisis migratorias mediante políticas públicas apropiadas. Como ejemplo, se pude tomar en cuenta el tema de la dotación de vivienda que por cantidad y condiciones debe tener la flexibilidad de cubrir las necesidades de las poblaciones inmigrantes eliminando el malestar ocasionado, tanto en ellos como en la comunidad local, de tener que ocupar espacios alternativos para habitar ya sean en escuelas, estadios, parques públicos o estaciones migratorias (dentro del marco de la ley).
Un punto de inicio son los estudios publicados por la Organización Internacional de la Migración (INM), incluyendo su encuesta de Seguimiento de Flujos de Población Migrante en Tapachula del 30 de Agosto del 2023 (https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/2023-11/dtm-2023-tapachula-agosto_light.pdf) identifica que el grueso de la población inmigrante en la ciudad esta: 1) viajando sola, 2) hablan español, 3) tienen alrededor de 24 años y 4) están en condición de tránsito por la ciudad. También se sabe que la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias es el documento de residencia temporal que más se ha emitido por el INM en los últimos años el cual tiende a ser expedido con vigencia por 1 año. Por lo tanto, se puede tomar como punto de partida que una política pública de incentivar nueva vivienda con la flexibilidad para albergar a las poblaciones inmigrantes debe considerar condiciones como: permitir renta mes con mes por 1 año, tener habitaciones de ocupación individual, sostener contratos y ser ofertada en español utilizando el mínimo de documentos de identificación, y ser enfocada a lo más barato del sector inmobiliario.
Dado esto, podemos ver la planeación local debe considerar un rápido aumento para residencias tipo hoteles de estancia larga, casas de huéspedes, y dormitorios (por ejemplo) como un área de oportunidad para que el sector privado complemente los esfuerzos del gobierno y ONGs para albergar los inmigrantes. Los esfuerzos de planeación local pudieran ser acompañados de incentivos fiscales y nuevos códigos de construcción que favorezcan estos desarrollos en las permutaciones necesarias para atender a los inmigrantes que serán sus clientes. Esto puede incluir, por ejemplo, la reducción o eliminación de cajones o áreas mínimas de estacionamiento, la integración de áreas de lavado de ropa de autoservicio, cocinas compartidas, baños compartidos, la designación de pisos únicos por sexo, y estancias interiores y exteriores comunes. Igualmente, la mejor regulación de este tipo de negocios mediante la conformación y aprobación de un contrato único con traducciones oficiales o aprobación de nuevos estándares de señalética contra incendios, por ejemplo, sería una iniciativa rápida y barata que los congresos locales pudieran considerar.
Si bien, estas propuestas sirven como un ejemplo de cómo llegar a un punto de partida, es importante reconocer que los gobiernos locales y estatales al igual que el sector privado tienen en sus manos soluciones a algunos de los problemas locales generados por el aumento de la población inmigrante. Estos remedios pueden ser tan poco controversiales como modificar los Programas de Desarrollo Urbano para incentivar la construcción de hoteles o aprobar nuevos estándares de señalética dando así beneficios para la comunidad local también en términos de la economía local y protección civil. Lejos de rendirse ante las demandas locales, ser un buen anfitrión se recompensa con la mejora de nuestra casa.
Asociado de Número de la Asociación Mexicana de Urbanistas
