Carlos Corral Serrano

En un país golpeado por la inflación, el rezago urbano y la desigualdad, la concentración poblacional en ciudades mal planeadas se convierte en una amenaza que ya no podemos ignorar. Hoy, más del 70% de la población mexicana vive en zonas urbanas, muchas de ellas asentadas en condiciones de alta vulnerabilidad ambiental y social. Las cifras no mienten: estamos construyendo sobre riesgos estructurales.

Desde la Asociación Mexicana de Urbanistas, se advierte que el patrón dominante de expansión urbana —sin criterios sociales, ambientales ni de resiliencia— ha generado una realidad crítica: millones de personas habitan hoy en “poblaciones frágiles en territorios frágiles”. Es decir, condiciones donde confluyen el riesgo físico (inundaciones, sismos, sequías) con el riesgo social (pobreza, marginación, acceso limitado a servicios).

Los urbanistas mexicanos coinciden: este modelo de crecimiento es insostenible. Y lo es más aún en un contexto de crisis económica, donde la eficiencia del gasto público y la coordinación institucional son indispensables. No podemos seguir destinando recursos a reparar los efectos de un desarrollo urbano mal planeado. Es hora de actuar desde la raíz.

Participación o desastre: no hay tercera vía

El urbanismo participativo surge como la única vía viable para construir ciudades seguras, justas y sustentables. No se trata simplemente de abrir consultas ciudadanas, sino de integrar activamente a la sociedad en el diseño, planificación y gestión del territorio. ¿Dónde se construye?, ¿para quién?, ¿con qué servicios?, ¿respetando qué vocación del suelo?

Para la comunidad urbanista del país, la solución no radica en frenar el crecimiento urbano, sino en dirigirlo de forma inteligente, democrática y territorialmente informada. Se requiere recuperar la rectoría pública del desarrollo urbano, reforzar las capacidades técnicas de los gobiernos locales y, sobre todo, construir desde la corresponsabilidad social.

En este sentido, los urbanistas mexicanos subrayan que cada peso invertido en ciudad debe tener una lógica de prevención, equidad y sostenibilidad. Apostar por modelos extractivos o excluyentes solo genera más rezago, fragmentación social y escenarios de desastre.

La ciudad como territorio común, no como mercancía

Lo que está en juego no es solo el futuro de nuestras ciudades, sino la vida misma de millones de personas. La ciudad no puede seguir siendo tratada como una mercancía; debe ser entendida como un bien común, donde la calidad de vida y la seguridad colectiva sean el eje rector.

El urbanismo participativo no es una moda ni una alternativa opcional: es una condición indispensable para que nuestras ciudades dejen de ser trampas de riesgo y se conviertan en territorios de oportunidad, bienestar y resiliencia.

La pregunta es simple y urgente: ¿seguiremos improvisando o empezaremos a planear juntos?

Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC

contacto@amu.org.mx

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