Autores: Jose R. Xilotl Soberón, Hugo Alejandro Mendoza Fernández, Monserrat Barragán Ríos, Hugo Bernardo Mier Gutiérrez

Las ciudades mexicanas en la frontera norte se han convertido en epicentro de una crisis migratoria que va más allá de lo coyuntural. Producto de complejos procesos políticos internacionales y un endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, miles de personas —incluidos compatriotas deportados— llegan a diario a ciudades como Tijuana, Reynosa o Ciudad Juárez. Estas urbes, sin contar con una estrategia urbana sólida ni con el respaldo institucional suficiente, enfrentan una presión inédita sobre sus sistemas de vivienda, servicios públicos e infraestructura. El fenómeno, conocido como 'boomtown', refleja un crecimiento abrupto y descontrolado que pone en jaque la gobernabilidad local.

El término 'boomtown' describe a aquellas localidades que crecen aceleradamente, en general por factores económicos o sociales inesperados. En el caso mexicano, este crecimiento responde al arribo masivo de población migrante, muchas veces en tránsito, pero también con intenciones de establecerse. La saturación de viviendas, la sobrecarga en servicios como agua, luz, transporte y salud, así como el aumento de la informalidad y la inseguridad, son manifestaciones comunes en estas ciudades.

El caso de Pesquería: una excepción transformadora

Pesquería, en Nuevo León, ofrece un contraste importante. Tras la llegada de Kia Motors en 2015, el municipio pasó de ser una localidad rural a una ciudad industrial con más de 147,000 habitantes. A diferencia de otras boomtowns, el crecimiento de Pesquería estuvo acompañado de inversiones y cierta planificación estratégica. Este caso demuestra que el problema no es el crecimiento en sí, sino la ausencia de políticas públicas anticipadas que permitan integrarlo adecuadamente al desarrollo urbano y social.

La falta de coordinación entre niveles de gobierno ha intensificado los efectos negativos del fenómeno migratorio. Pese a que la migración internacional no es nueva para México, la transformación del país en destino final ha evidenciado deficiencias estructurales profundas. Miles de mexicanos deportados llegan a ciudades que no tienen ni vivienda disponible ni oportunidades laborales claras. La respuesta institucional ha sido tardía, limitada y en muchos casos, inexistente.

Corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno

Aunque la política migratoria es competencia federal, los gobiernos estatales y municipales no pueden permanecer pasivos. La atención a migrantes implica también garantizar condiciones urbanas dignas: acceso a servicios básicos, opciones de movilidad, empleo formal y vivienda accesible. Una política integral de integración social y urbana debe convertirse en prioridad nacional, con recursos compartidos y corresponsabilidad clara entre los tres niveles de gobierno.

Estrategias clave para integrar la migración

Promover políticas de empleo inclusivas, con programas de capacitación y acceso a la economía formal.

Invertir en infraestructura urbana para ampliar la oferta de vivienda, transporte y servicios públicos.

Impulsar la regularización migratoria que garantice derechos y reduzca la precariedad.

Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre gobiernos, empresas y sociedad civil.

Los efectos del fenómeno 'boomtown' no deben ser vistos únicamente como una carga. Si se gestionan adecuadamente, estos flujos migratorios pueden convertirse en motores económicos, sociales y culturales. Sin embargo, esto requiere visión, liderazgo y acción inmediata. El abandono institucional actual es insostenible. Convertir el reto en oportunidad implica reconocer que nuestras ciudades necesitan urgentemente planeación, inversión y políticas públicas pensadas para una nueva realidad demográfica.

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