La gran polvareda que se desató con el arresto y eventual liberación del ex secretario de Defensa mexicano ya se ha disipado un poco, si bien quedan en el aire muchas cosas del polémico caso que aún no se atisban. Indudablemente, interrogantes en torno a la decisión de iniciar una investigación a espaldas del gobierno mexicano y al arresto del general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Angeles en octubre, así como los factores que llevaron a la Administración Trump a recular y liberarlo, permitiendo su retorno a México en noviembre, se irán conociendo -o filtrando- poco a poco en Washington , una ciudad que es un verdadero pañuelo y en la cual todo, temprano o tarde, se acaba sabiendo. Pero a la vez, ya hay muchos corolarios del caso que han quedado de manifiesto y que apuntan a flancos de vulnerabilidad para México y para la agenda entre las dos naciones, particularmente cara a la relación con una nueva administración estadounidense a partir del 20 de enero próximo.
El primero de ellos es algo que no es del todo aparente para muchos en México o EEUU y que frecuentemente se subestima y da por descontado, tanto en la Ciudad de México como en Washington: el peso estratégico específico que nuestro país tiene para la seguridad y bienestar estadounidenses, sobre todo después de 2001 y la imperiosa necesidad de erigir una arquitectura de seguridad norteamericana. El propio comunicado de prensa del Departamento de Justicia el 17 de noviembre anunciando la decisión de retirar los cargos antepuso a la ley consideraciones e intereses de seguridad nacional y política exterior.
Segundo, es altamente probable que el Ejecutivo mexicano no fuese el único en ser sorprendido por las acciones de la DEA y el Departamento de Justicia. Es plausible que otras agencias y actores del gobierno estadounidense tampoco fueron consultados y que el proceso interagencias, en una administración disfuncional, descoordinada y que ha marginado a funcionarios civiles de carrera y protocolos de toma de decisiones a lo largo de cuatro años, no validó la decisión. En este sentido, no me sorprendería que en particular el Departamento de Defensa haya puesto el grito en el cielo por el impacto que el arresto y eventual juicio podrían tener para más de dos décadas de creciente profundización de la relación militar-militar entre ambos países y de pasos paulatinos de generación de confianza mutua que, entre otros, llevaron hace una década al envío de enlaces permanentes de SEDENA Y SEMAR al Comando Norte, en la base área Peterson en Colorado Springs, para abonar al fortalecimiento de la seguridad perimetral norteamericana y evitar que se puedan llevar a cabo nuevos ataques terroristas en la región.
Lo anterior además evidencia algo que en nuestro país o no se entiende o no se procesa, sobre todo en momentos recientes de la relación del actual gobierno mexicano con el gobierno de Donald Trump. Y es que tercero, más allá de cualquier otro tipo de consideración política, jurídica, legal o diplomática, una de las lecciones de la sorprendente e inédita vuelta en U con la liberación del ex secretario es que México no está chimuelo en la relación con EEUU. Tiene dientes, los puede usar y puede presionar a Washington. El tema es, cuándo y para qué se usan. El gobierno actual no quiso recurrir a ellos para neutralizar y responder a las amenazas, imposiciones y políticas unilaterales de Trump con respecto a la vinculación temática de aranceles punitivos con la transmigración centroamericana. Pero en lo que es sin duda la potencial crisis política más aguda que el presidente mexicano ha enfrentado en los dos primeros años de su gestión (y que no es, eso sí, de su hechura), ahí sí recurrió a los recursos que México posee, amén de la gran asimetría de poder existente entre ambas naciones, para equilibrar la agenda bilateral y para presionar.
Cuarto, los mecanismos de la relación bilateral importan, y los minamos e ignoramos bajo nuestro propio riesgo. La Iniciativa Mérida es más que un mero andamiaje de cooperación para confrontar al crimen organizado e intercambiar información. En su incepción se trató, más que nada, de procesos: garantizar la coordinación, sí, de ambos lados de la frontera, pero también al interior de los respectivos gobiernos. En muchos sentidos, fungió como una camisa de fuerza metiendo orden -y en orden- a dependencias y agencias estadounidenses y mexicanas, eliminando precisamente lo que ahora hizo la DEA de nuevo, a decir, su propia agenda particular hacia México sin la coordinación y la palomeada de todas las demás agencias que juegan un papel relevante en la relación en materia de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. Al irse resquebrajando estos últimos años (durante el sexenio anterior y ahora éste) la arquitectura de la Iniciativa Mérida, por desidia, rechazo y desconfianza hacia todo lo que antecede a los dos actuales mandatarios de EEUU y México, agencias estadounidenses volvieron a encontrar camino abierto para salirse del huacal de la coordinación, la interna y la bilateral.
Quinto, la confianza tarda años en implantarse y abonarse, pero se destruye en minutos. Y pocas cosas son tan relevantes en la relación bilateral con EEUU -y en la diplomacia en general- que la confianza. Las acciones de la DEA, hayan sido como hayan sido, socavan esa confianza y resetean la relación en materia de colaboración de regreso a décadas -y hábitos- que ya habían sido superados, y subrayan desafíos a una relación bilateral más profunda y eficaz para la cooperación contra el crimen organizado trasnacional operando a ambos lados de nuestra frontera.
Finalmente, las acciones mexicana -presionar por la liberación del ex secretario- y estadounidense -socavar su propio proceso judicial- bien podrían desdoblarse yendo hacia delante en una decisión pírrica para las dos naciones. De entrada, porque hay burocracias lastimadas en ambas capitales, y las secuelas de eso para procesos de diseño de política pública y de toma de decisiones de ambos gobiernos pueden ser onerosas. Fiscales y funcionarios estadounidenses sin duda cuestionarán por qué, en nombre de preservar la cooperación bilateral, un caso de presunta asociación delictiva de primer orden fue rechazado y transferido a México. Funcionarios mexicanos, buscarán, como ya quedó patente este lunes con un proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, regresar a premisas soberanistas y que habían sido superadas en la relación bilateral, generando con ello un círculo vicioso que drenará aún más la confianza mutua. Y si a ello le sigue que el gobierno mexicano no lleva a cabo una investigación a fondo del caso, como se ha comprometido públicamente a hacer, que la evidencia recabada por EEUU, que incluye registros telefónicos obtenidos sin la autorización de un juez mexicano, la pudiese hacer inadmisible en una corte, o que ambos gobiernos manejen mal las secuelas diplomáticas, políticas y públicas, el desenlace no sería solamente la degradación de la confianza, con lo cual ambos países y ambas sociedades pierden. El indispensable paradigma de la responsabilidad compartida y de una soberanía que asume hacer concesiones mutuas, caso por caso, a favor del provecho común y de bienes públicos bilaterales, podría quedar reventado. Y así, quedaremos como el cohetero, de los dos lados de la frontera.