En días recientes, el senado de los Estados Unidos aprobó la llamada Ley para la Reducción de la Inflación, la cual, entre otras cosas, establece nuevas reglas para la entrega de subsidios a los compradores de autos eléctricos en el vecino país del norte. ¿Qué dice esta ley y qué implicaciones podría tener para México?

A grandes rasgos, lo que esta nueva ley establece es un subsidio de 7 mil 500 dólares en la compra de un automóvil eléctrico nuevo o 4 mil dólares si se trata de un vehículo eléctrico usado. Estos subsidios o créditos sobre el impuesto se otorgarán siempre y cuando se reúnan algunas condiciones, siendo las más importantes: 1) que el precio del vehículo no sobrepase los 55 mil dólares en el caso de sedanes y 80 mil dólares cuando se trate de Pickups o SUVs; 2) que los ingresos del comprador no superen los 150 mil dólares y, 3) que se trate de vehículos ensamblados en Norteamérica.

Esta nueva ley busca favorecer a los compradores de autos eléctricos de menor costo, dejando fuera al segmento más rico de la población norteamericana que, con la ley anterior, se beneficiaba de alguna manera de subsidio (la ley anterior preveía un monto equivalente de subsidio a los primeros 200 mil vehículos producidos durante un año calendario).

Sin embargo, más que estimular una demanda (al final del día los autos eléctricos siguen siendo bastante más caros que los de combustión interna) muchos de los analistas apuntan a que se trata de una estimulación de la producción local y/o regional de vehículos eléctricos. La medida, hoy en día, deja fuera del subsidio a muchas marcas que empiezan a tener buena aceptación en el mercado estadounidense como el Hyundai Ioniq 5 o el KIA EV6.

Pero hay más: la ley también establece que, no sólo el vehículo deberá ser ensamblado en América del Norte, sino que, gradualmente, se exigirá que cierto porcentaje de la batería y sus componentes principales sean originarios de esta región. Para 2024 este porcentaje se establece en 40% y se irá incrementando hasta llegar al 100% en 2029.

Efectivamente, esta ley parece que en el fondo busca también una suerte de reacomodo o reorganización de las cadenas productivas de automóviles en la era de la electrificación. Podría sugerir alguna apuesta política para reducir la dependencia de estas cadenas de otros países, en concreto de China. La apuesta es atrevida y seguramente ya está causando dolores de cabeza en más de un fabricante.

Durante el primer trimestre de 2022, el mayor productor de baterías de litio fue CATL, una empresa de origen chino, la cual concentró alrededor del 35% de la producción global. CATL se ha beneficiado de la política de varios fabricantes, entre ellos Tesla, de no utilizar minerales como níquel o cobalto en la composición química de sus baterías. La mayor parte de las baterías producidas por CATL tienen como base el litio-ferrofosfato, con lo cual están menos expuestos a riesgos por suministro de minerales provenientes de zonas en conflicto. Aún más, poco más del 70% de la producción global de estas baterías se realiza en Asia, incluyendo China y Corea. Esto supone, al menos en el corto plazo, problemas para reordenar estas cadenas productivas.

Sin embargo, la nueva ley supone también una gran oportunidad para la región y, por supuesto, para México. El Ford Mustang Mach E, por poner un ejemplo, producido en México, es uno de los vehículos que se verán beneficiados con este estímulo. Podemos esperar que otros fabricantes busquen a México como destino para hacer el ensamble final y que, gradualmente, parte de la producción de baterías de litio se pueda realizar también desde México. Para lograrlo, resulta vital que el gobierno y gremios automotrices trabajen en conjunto para definir políticas e incentivos que atraigan a esas grandes inversiones que seguramente están considerando a nuestro país como una opción.

*Profesor del área de Dirección de Operaciones de IPADE Business School

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