Por FERNANDO ESCOBAR AYALA
El aumento en el número de personas desaparecidas, sumado al cotidiano hallazgo de fosas clandestinas, constituyen una tragedia humanitaria que ha alcanzado proporciones históricas. Después de meses de silencio, es relevante que la presidenta Claudia Sheinbaum por fin delinee una estrategia para hacer frente a este problema. Sin embargo, es muy cuestionable que, al mismo tiempo, el gobierno federal anuncie que destinará tiempo y recursos para demeritar y perseguir a sus críticos; en vez de reconocer su propia responsabilidad en el agravamiento de la tragedia.
Coincidimos con la decisión presidencial de fortalecer las capacidades de análisis y herramientas tecnológicas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, ello conlleva dotar de mayor presupuesto y personal para consolidar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más aún si lo que se pretende es generar un sistema para cruzar sus datos con los del Registro Nacional de Población y del INE para facilitar la localización e identificación de los desaparecidos. A su vez, coincidimos en la importancia de garantizar e incrementar la atención y la ayuda para los familiares de desaparecidos, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y de incluir en los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cifras sobre las víctimas y carpetas de investigación por los delitos de desaparición.
En cuanto a las anunciadas reformas a la Ley General en Materia de Desaparición, muchas de ellas sólo evidencian la enorme lista de omisiones y retrasos cometidos por el gobierno federal anterior. Por ejemplo, la pertinente existencia de tipos penales y protocolos de investigación homologados para la sanción e investigación de las desapariciones, o la urgente puesta en marcha del Centro Nacional de Identificación Humana (creado en 2022 pero, a la fecha, sin consolidarse), son acciones que debieron haberse impulsado desde el sexenio anterior. Llama la atención que la presidenta no anuncie acciones para el desarrollo del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, el cual sigue sin ser presentado por la FGR pese a estar definido en la Ley General.
Finalmente, a raíz de los hechos ocurridos en Teuchitlán, es importante que el gobierno federal actualice y haga públicos reportes sobre el número de fosas clandestinas y sobre los procesos de exhumación e identificación de los cadáveres recuperados en ellas.
Investigador de Causa en Común.
Sobre este tema, consulta más diagnósticos y propuestas de Causa en Común en: https://www.causaencomun.org/desaparicionesenmexico
