Daniella Yocupicio Torres
El lunes 17 de noviembre, la organización ambientalista Conibio Global (https://conibio.org/) informó que cuatro personas a bordo de un bote cruzaron el río Bravo y colocaron 6 letreros con leyendas de “Zona restringida… propiedad del Departamento de Defensa de Estados Unidos”, en Playa Bagdad, Tamaulipas.
Algunos medios cubrieron la nota y la presidenta Claudia Sheinbaum informó la remoción de los letreros por parte de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR). Señaló que la Embajada de Estados Unidos en México confirmó que los letreros fueron colocados por orden de “un área del gobierno de EE. UU.”, y encomendó a las instancias correspondientes esclarecer lo sucedido y revisar si el río Bravo modificó su cauce en ese punto. Fuera del Comunicado Conjunto emitido por la SEMAR y la SRE, el mismo 17 de noviembre, no se ha difundido más información oficial sobre el seguimiento del caso.
¿Cómo entender este evento?
El Gobierno Mexicano ha optado por manejar discretamente el caso, aceptando una posible confusión de límites por fluctuaciones del cauce del Bravo. Sin embargo, la orden de colocación de los letreros conllevó una planeación y revisión logística por parte del Departamento de Defensa de EE. UU. Asimismo, al tratarse de una zona limítrofe internacional y la utilización del río Bravo como vía para llegar al sitio, también debió existir una consulta previa con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), esto en observancia del Tratado para Resolver las Diferencias Fronterizas Pendientes y para Mantener a los Ríos Bravo y Colorado como la Frontera Internacional entre los Estados Unidos de América y México (23 de noviembre de 1970) y del Acta 242 (1973) de la Comisión.
Lo anterior significa un claro incumplimiento de los acuerdos existentes y nos alerta sobre el porvenir. El asunto es complejo y expone problemas de seguridad nacional, límites internacionales, aguas binacionales y protección ambiental.
Tras iniciar su segunda administración, el presidente Trump declaró nuevamente Emergencia Nacional (20 de enero, 2025), con el fin de salvaguardar la seguridad de la frontera ante la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Bajo esta justificación, entre mayo y julio de este año, áreas fronterizas de Nuevo México, El Paso, de los condados de Cameron e Hidalgo en Texas y de Yuma, Arizona, se han convertido en “Áreas de Defensa Nacional” (NDA en inglés). Del otro lado del río, frente a Playa Bagdad, se encuentra la NDA situada en territorio del Condado de Cameron.
Hemos visto que la defensa de la soberanía estadounidense se ha extendido a aguas internacionales. Trump ha señalado reiteradamente al gobierno mexicano la falta de capacidad para combatir al crimen organizado, ha exigido más acciones por parte de México y ha ofrecido intervención militar estadounidense. La colocación de los letreros no es un asunto menor; se ha pasado de lo verbal a la incursión no autorizada a territorio mexicano. Podría tratarse solo de una provocación o ser una alerta de próximas acciones.
El asunto exhibe la doble vulnerabilidad de la frontera mexicana. Por un lado, el gobierno mexicano ha sido incapaz de restaurar el orden y el estado de derecho en varios puntos adyacentes al río Bravo cuyas comunidades viven desde hace muchos años bajo el asedio de los carteles y en medio de su disputa por el control territorial. Y ahora se suma una amenaza latente desde el país vecino.
La coyuntura actual también reta a la estabilidad de los acuerdos binacionales sobre límites y aguas. El caso de los letreros ha recaído en la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos cuyo mandato incluye vigilar el cumplimiento de los acuerdos binacionales en estas materias (Tratado de Aguas de 1944, Art. 2), así como definir en plazos no mayores a 10 años, los límites internacionales y plasmarlos en mapas aerofotográficos (Tratado de 1970, Art. 2c). Desde su creación, la CILA ha demostrado tener la capacidad técnica para realizar sus labores, así como también de persistir pese a los cambios políticos en ambos países.
Dos aspectos inquietan en este momento: primero, la sobrecarga de tareas que tiene la CILA, pues se ocupa de muchos temas que van desde la distribución de las aguas de los ríos Colorado y Bravo, la conservación ambiental, control de avenidas, presas internacionales, calidad del agua, saneamiento, entre otros, a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Las controversias en torno a los límites internacionales ya no eran frecuentes, posiblemente por ello, el último mapa aerofotográfico publicado del límite internacional en el delta del Bravo fue levantado en 2008. La cuestión aquí es que una Comisión con tantas responsabilidades también requiere de un presupuesto y de un tamaño de organización en la misma proporción. El segundo aspecto, se refiere al funcionamiento de la CILA como organización binacional. Al estar conformada por dos secciones, mucho de su trabajo y capacidad depende de esfuerzos y decisiones conjuntas. En tiempos en los que la seguridad de la frontera ensombrece otros temas, la sección estadounidense de la CILA, en junio del presente año, transfirió al Departamento de Defensa territorio que estaba bajo su jurisdicción para crear la NDA en los condados de Cameron e Hidalgo, Texas, además de declarar públicamente el apoyo a la política de seguridad del gobierno de Trump respecto a la colocación de boyas en el bajo río Bravo.
Por último, organizaciones ambientalistas como Conibio Global muestran una vez más que sus actividades brindan la protección y monitoreo ambiental que de otro modo no existirían. Tal vez, el atestiguamiento de la colocación de los letreros por los ambientalistas fue fortuito, pero no cabe duda de que muestran más presencia, más vigilancia y permitieron conocer un hecho que pudo pasar inadvertido.
Egresada del Doctorado en Ciencia Política del CIDE. Su tesis doctoral trata sobre la CILA y la resolución de conflictos hídricos entre México y Estados Unidos.