Christopher Cernichiaro Reyna
La inversión física pública está en todos lados, aunque a veces no la notemos: en las carreteras por las que viajamos, en los hospitales que nos atienden, en las escuelas donde se forman nuevas generaciones o en el agua que llega a nuestras casas. No se trata solo de cemento y acero, sino de la infraestructura pública que sostiene el crecimiento económico y abre oportunidades para mejorar la vida de las personas.
Sin embargo, la inversión física prevista en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 no es tan alta como podría parecer. El gobierno federal proyecta una inversión equivalente a 2.5% del PIB, 0.2 puntos porcentuales más que lo aprobado en 2025. Aunque el incremento es una señal positiva, al observar la evolución de los últimos años se advierte que el nivel de inversión aún se mantiene alrededor de dos puntos del PIB por debajo del máximo reciente, alcanzado en 2014. Esto sugiere que el país mantiene un avance gradual en materia de inversión pública, aunque aún enfrenta el desafío de fortalecer su ritmo de crecimiento para responder a las necesidades de desarrollo e infraestructura.
México también tiene margen para fortalecer su inversión si se compara con otros países de ingreso por habitante similar. Según datos de la OCDE, en 2023 nuestro país destinó 1.6% del PIB a inversión pública, mientras que Chile asignó 2.2% y Colombia alcanzó 3.1%. Estas diferencias muestran una oportunidad: aumentar los recursos destinados a infraestructura podría contribuir a mejorar la productividad, la integración regional y el bienestar de la población.
Otro aspecto relevante es la distribución del gasto en inversión física. Desde hace varios años, la mayor parte de los recursos se ha dirigido a sectores como combustibles y energía, vivienda y servicios comunitarios, y comunicaciones y transportes, que en conjunto concentraron 85% de la inversión física entre 2013 y 2026. Esta concentración ha permitido mantener la operación de áreas estratégicas para el funcionamiento del país, así como impulsar proyectos de infraestructura económica que apoyan la producción y la conectividad.
No obstante, esta misma orientación tiene un costo de oportunidad, ya que deja con menos recursos a sectores igualmente importantes para el bienestar social, como salud y educación, que en conjunto recibieron apenas 5% del total, y a rubros como ciencia y tecnología o la seguridad de los gobiernos locales, con participaciones cercanas a 0.2% y 1%, respectivamente. El desafío hacia adelante es equilibrar la inversión entre sectores económicos y sociales, de modo que la infraestructura contribuya tanto al crecimiento como a la mejora de la calidad de vida en todo el país.
La inversión pública es, en última instancia, una apuesta por el futuro. Requiere planeación, transparencia y diálogo entre quienes diseñan las políticas, quienes las estudian y quienes las viven día a día. Impulsar ese diálogo es tan necesario como construir carreteras o hospitales: sin una conversación informada sobre cómo se gasta y con qué propósito, la infraestructura pierde sentido. Por ello, fomentar espacios de colaboración entre la academia, el sector público y la sociedad civil puede fortalecer la toma de decisiones y asegurar que cada peso invertido contribuya no solo al crecimiento económico, sino también al bienestar compartido. Construir infraestructura es importante, pero construir confianza y conocimiento público lo es aún más.
Profesor-investigador
Departamento de Producción Económica
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
ccernichiaro@correo.xoc.uam.mx