Por David Fernández Dávalos
Los recientes desastres en México, con lluvias e inundaciones devastadoras en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que han provocado muertes y un número alarmante de damnificados y desaparecidos, son una clara manifestación de las vulnerabilidades y desigualdades estructurales del país. Esta realidad, que amenaza la vida y los derechos fundamentales, subraya la necesidad imperante de enfrentar la crisis climática global.
El llamado a proteger nuestra "Casa Común", inspirado en la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco, se materializa trágicamente con cada inundación. Nos recuerda que la Tierra sufre el daño causado por el uso irresponsable de sus recursos y que las diversas formas de violencia se reflejan en la enfermedad del planeta.
Es fundamental abordar estas catástrofes no sólo desde una perspectiva humanitaria, de gobiernos o empresarial, sino también con un enfoque de derechos humanos. Los impactos climáticos afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, como comunidades rurales, personas en situación de pobreza, mujeres y adultos mayores, tal como lo ha enfatizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Proteger la “Casa Común” es esencial para evitar más pérdidas de vidas y derechos, especialmente ante fenómenos que, aunque naturales en su origen, magnifican sus efectos debido a la negligencia, la falta de prevención y la desigualdad estructural.
En este contexto de emergencia, la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, en noviembre de 2025, representa una oportunidad crítica para pasar de las promesas, a la acción climática real.
En línea con las demandas de organizaciones que participan en la campaña "Jesuitas por la Justicia Climática", y en resonancia con la visión de la Laudato Si' (que ha criticado el fracaso de cumbres mundiales donde prevalecen los intereses económicos), es imprescindible impulsar una agenda enfocada en pilares de justicia y equidad donde se vuelte fundamental tomar acciones como cancelar las deudas de los países pobres, ya que estas obligaciones injustas e impagables no deben seguir comprometiendo los recursos esenciales que se requieren para los esfuerzos de adaptación y mitigación climática; fortalecer el Fondo de Respuesta ante las Pérdidas y Daños (FRLD), asegurando la asignación de recursos suficientes que permitan enfrentar los efectos graves del cambio climático; establecer metas claras para una transición energética justa que apunte a la reducción de las emisiones de CO2, considerando las responsabilidades históricas y respetando los derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas, valorando la naturaleza y priorizando medios de vida sostenibles sobre los modelos impulsados por el lucro y; fijar objetivos definidos para un sistema alimentario global basado en la soberanía alimentaria y las prácticas agroecológicas, que promueva métodos culturalmente adaptados para la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos.
El camino hacia la COP30 exige que la participación de gobiernos, el sector empresarial y la sociedad civil sea un diálogo inclusivo y transparente, priorizando el bienestar integral del ser humano y el bien común a largo plazo. Es crucial que el poder financiero deje de anteponer las ganancias a corto plazo para, en cambio, promover políticas que apoyen a los desfavorecidos y detengan el calentamiento global. Solo así, integrando las normas de derechos humanos en la prevención, el socorro y la rehabilitación, y asumiendo un compromiso real con el ambiente, se podrá evitar que la vida y la dignidad de las personas sigan siendo víctimas de la negligencia y la crisis climática.
Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez