Por Arístides Rodrigo Guerrero García
La última vez que la Suprema Corte de Justicia sesionó fuera de su sede fue en 1863, huyendo de la invasión francesa. 162 años después, volvió a hacerlo, pero esta vez no fue la guerra la que la movió, sino algo más poderoso: la voluntad de mirar a los ojos a quienes históricamente han sido los más ignorados por la justicia.
Varias instituciones ya han comprendido la importancia de salir al encuentro de la gente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho repetidamente, incluso en México: en el Palacio de Minería, en la Biblioteca Vasconcelos y en la propia Suprema Corte. Asimismo, el INFO CDMX fue parte de esta dinámica. Cuando formé parte de él, primero como Comisionado y luego como Presidente, logramos sesionar en plazas públicas de las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta, Cuauhtémoc, entre otras, así como en la exprisión femenil de Santa Martha Acatitla; y hasta en el Metro Zapata. Durante 2024, se llevaron a cabo 46 sesiones públicas, 7 de ellas fuera de las instalaciones del Instituto, lo que representa 15.2% del total.
La elección de Tenejapa no fue casualidad. Los asuntos listados ese día recogían la esencia misma de los pueblos indígenas. En el Amparo en Revisión 344/2025 reconocimos a una comunidad tsotsil como sujeto de derecho público, con lo que aseguramos el ejercicio de sus derechos a la autonomía, a elegir sus autoridades y a resolver sus conflictos con sus propias normas, garantizando además la asignación de recursos públicos.
En la Controversia Constitucional 200/2024 se reconoció que la charrería es una tradición compartida y, por tanto, debía reconocérsele la calidad de patrimonio cultural intangible hidalguense, en tanto que contribuye a la cohesión social, a la transmisión de valores y conocimientos, y al fortalecimiento de la identidad mexicana.
Que la Corte sesione en territorio no es un gesto simbólico ni un capricho institucional. Es una declaración de principios. Cuando la justicia abandona su palacio y se instala en una plaza, en una comunidad, frente a la gente real, ocurre algo que ningún decreto puede lograr: la gente descubre que existe, que le pertenece y que puede entenderla. Hablar en lenguaje claro, sin tecnicismos que alejan y confunden, no es una concesión, es una obligación democrática. Una justicia que nadie entiende es, en los hechos, una justicia que no existe.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación