Sofía Martínez de Castro
Era marzo de 1994, el año en que todo pasó; la efervescencia de movimientos sociales y sucesos políticos visibilizaba el crecimiento de las amenazas contra la libertad de expresión en América Latina. Fue ese año cuando en la Ciudad de México se firmó la Declaración de Chapultepec que estableció diez principios esenciales para una prensa libre.
Impulsada por la Sociedad Interamericana de Prensa y adoptada durante la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, el planteamiento de la Declaración es contundente: no hay democracia sin libertad de expresión y de prensa. Este derecho -subrayaba- “no es una concesión del poder, sino un derecho inalienable de la sociedad”. La Declaración vincula la libertad informativa con el desarrollo humano, la justicia y la posibilidad de cambio social, advirtiendo que cualquier intento por silenciar al periodismo constituye una violación a los derechos humanos. Y se ha convertido en un decálogo ético fundamental para la región.
Estos principios establecen obligaciones claras: garantizar el acceso a la información pública; investigar y sancionar los ataques contra periodistas; impedir la censura directa o indirecta y evitar el uso discrecional de concesiones o recursos públicos para premiar o castigar líneas editoriales. También abordan la credibilidad de la prensa desde su compromiso ético, la precisión y la separación entre información y propaganda, rechazando imposiciones desde el poder político.
En enero de 2026, treinta y dos años después, Chapultepec volvió a ser escenario de otra emisión de principios, ahora frente a un desafío distinto pero central para la democracia. Durante el foro La inteligencia artificial en la vida pública de México, se presentaron los Principios de Chapultepec sobre el uso ético de la inteligencia artificial, por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Se trata de diez principios, presentados como una guía para abordar los retos de la Inteligencia Artificial (IA) y su regulación, buscando garantizar que esta amplíe derechos y no los restrinja. Plantean que toda decisión apoyada en IA debe tener responsables humanos y ser explicable; que la tecnología debe gobernarse de forma colectiva; que solo es valiosa si genera bienestar social; y que los datos deben tratarse como un bien público, protegido con responsabilidad. También subrayan la necesidad de fortalecer la educación, respetar la diversidad cultural y asegurar que la tecnología estratégica responda a las necesidades del país.
La relación entre ambos decálogos no es solo simbólica, es estructural. Así como en 1994 se advertían riesgos para la democracia como la censura y la violencia, hoy se suman desafíos como la desinformación masiva, la opacidad algorítmica, la automatización de decisiones sin rendición de cuentas y la concentración del poder informativo en plataformas digitales. Y va más allá, Yuval Noah Harari lo señaló recientemente en Davos: la IA no es una simple herramienta, sino un "agente" autónomo capaz de cambiar las reglas de la sociedad tomando sus propias decisiones.
La IA está transformando la manera en que nos relacionamos e informamos. Los contenidos circulan a gran velocidad en redes sociodigitales muchas veces sin claridad sobre su origen, veracidad o intencionalidad. Su potencial para simplificar tareas y ampliar el acceso a derechos implica también superar obstáculos que la misma tecnología reproduce y magnifica.
En este entorno, se diluyen fácilmente las fronteras entre información y propaganda, mientras crece la desinformación, lo que erosiona la deliberación pública. Frente a este escenario, el periodismo sigue siendo un pilar insustituible. La tecnología puede emplearse para la verificación de información, la investigación, la contextualización, el debate y el pluralismo informativo, herramientas esenciales para enfrentar los riesgos de la propia IA. Para hacerlo, se requieren condiciones que garanticen su libertad, sostenibilidad y acceso oportuno a información pública.
Por ello traer a colación la Declaración de Chapultepec de 1994 puede ayudar a comprender mejor los principios de Chapultepec de 2026 y a orientar los siguientes pasos ante los retos de la IA. Cumplir estos propósitos, exige acciones institucionales concretas: marcos legales claros y su cumplimiento, transparencia algorítmica, datos públicos abiertos y confiables, rendición de cuentas, interculturalidad, perspectiva de género y políticas que fortalezcan tanto al periodismo como la alfabetización mediática e informacional de la ciudadanía, desde sus diversas realidades.
La democracia enfrenta hoy un doble desafío: proteger la libertad de expresión frente a viejas y nuevas formas de censura, y evitar que el uso de la IA aumente desigualdades y la concentración del poder informativo. La desigualdad no nace con la IA pero sin duda puede acrecentar brechas existentes y limitar el ejercicio de derechos, como el del acceso a la información y la libertad de expresión. En este contexto, recordar 1994 es necesario para cumplir los anhelos de 2026.
Maestra en Políticas Públicas Comparadas y consejera electoral en Chiapas