En días pasados el gobierno federal anunció un plan para combatir la inflación y la carestía. Esta medida, en esencia, más que controlar y bajar los precios, busca que suban lo menos posible. Se parte del diagnóstico de que el aumento en los precios obedece a una inflación por costos, resultado de una oferta limitada de productos al mercado, sobre todo, de bienes de primera necesidad; lo anterior, en parte como consecuencia del cierre o disminución de las actividades económicas originadas por la pandemia, a lo que se suma también la invasión de Rusia a Ucrania, que ha terminado por agravar la situación.
Como se estima que la inflación no cederá en los próximos meses, el gobierno de la 4T tuvo que proponer -en alianza con los empresarios- una serie de medidas para amortiguar los precios y el desabasto de algunos productos de la canasta básica. No olvidemos que ante un escenario de reducción de la oferta y de aumento en la demanda, el mercado reacciona incrementando los precios con el fin de ajustarse a las nuevas condiciones de la oferta y la demanda. En este contexto, era necesaria una política de Estado que considerada los productos importantes del consumo básico de los mexicanos. Ello implicó tomar en cuenta en la cadena de valor la parte de la producción, donde también se generan costos que se producen a través de la disminución o limitación de la oferta. En este sentido, el gobierno propuso que se incrementara la producción de los granos -como el maíz- para abastecer el mercado y lograr con ello que bajaran los precios.
La propuesta considera también la distribución. Esta medida consiste en una política de congelamiento de precios, como el de la gasolina, del diésel, de la electricidad y del gas. Asimismo, establece el no incremento en pasaje de carreteras ni de tarifas ferroviarias; lo mismo para los precios y tarifas de telefonía. También incluye dar precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche; reducción de costos en los precios de transporte. Contempla también incentivos para el comercio exterior como la reducción de costos de despachos aduaneros, de aranceles cero en importación de 21 bienes básicos e insumos necesarios para la producción.
Este plan viene a reforzar la política monetaria del Banco de México, consistente en bajar la inflación por el lado de la demanda a través del mecanismo de ahorro e inversión vía tasa de interés. Recordemos lo que alguna vez señaló Milton Friedman, el padre del monetarismo moderno, que los ajustes de la política monetaria en los niveles de precios pueden demorar entre 20 y 23 meses, lo que significa que los efectos de la política monetaria restrictiva en la reducción de precios podrían verse hasta el próximo año.
La propuesta es viable pero limitada, ya que, si bien por un lado se ataca a la inflación, por el otro hay implicaciones para un mayor gasto público, lo que puede originar una presión fuerte en las finanzas públicas, ya que el gobierno le está apostando a los excedentes petroleros. No olvidemos también que actualmente utiliza este esquema para subsidiar el precio de los energéticos como la gasolina y la electricidad. Esperemos que estos excedentes no caigan en los próximos meses pues, de lo contrario, el resultado será muy distinto a lo planeado.
