Estamos a menos de dos meses de que el gobierno federal envíe el Paquete Económico 2022 al Congreso de la Unión para su dictamen y aprobación, el cual va a estar acompañado de una reforma fiscal incorporada a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. De acuerdo con el SAT, los cambios están más enfocados en aumentar la recaudación a través de hacer más fácil el pago de impuestos vía simplificación administrativa, aprovechando las tecnologías digitales y otorgando mayor certidumbre al marco legal fiscal, con el objetivo de reducir la elusión y evasión fiscal. En este contexto, surgen las preguntas ¿cuáles son las principales fuentes de financiamiento del gobierno de la 4T? y ¿por qué los cambios están más orientados en fortalecer la parte impositiva?.
En sexenios pasados se señaló que el gobierno y la economía mexicana se sostenían de los ingresos provenientes del petróleo, del turismo, de las remesas y el endeudamiento externo.
Las cosas han cambiado, ya que el año pasado, la fuente principal de financiamiento de los ingresos totales del sector público, que sumaron un poco más de 6 billones de pesos, fueron los ingresos presupuestarios que se ubicaron por arriba de 5.5 billones de pesos (90.4%), y la diferencia de 9.6% correspondió a los ingresos no presupuestarios. Vale la pena señalar que los provenientes del petróleo, apenas representaron 17.8% de los ingresos presupuestarios del gobierno federal, mientras que el resto (82.2%) a ingresos no petroleros.
De estos, los tributarios representaron un poco más de 3.5 billones de pesos (77.2%) y el resto, están constituidos por los ingresos no tributarios (22.7%). De los ingresos tributarios, el ISR y el IVA continúan siendo la principal fuente de recaudación del gobierno federal con el 81.6%. De los no tributarios, el 3.6% correspondió a los ingresos derivados del financiamiento o endeudamiento externo e interno y los ingresos provenientes de Organismos y Empresas del Estado que fueron de casi un billón y medio de pesos (23.5%).
Por lo que, la exportación y venta del petróleo mexicano, junto con la deuda pública, implican tan sólo 21.4% de los ingresos federales a diferencia de sexenios anteriores donde estos dos rubros eran fuentes importantes de recursos para el gobierno y la economía.
A pesar de este giro en las fuentes de financiamiento, el porcentaje de recaudación como proporción del PIB se ha venido ubicando en los últimos 10 años en promedio en 12%, lo que posiciona al país 8% por debajo de la zona del euro, 3% menos por debajo del promedio de los miembros de la OCDE e incluso de casi 1.3% de los países de América Latina y el Caribe. Esta situación obliga al gobierno a tomar decisiones más allá de simplificar el pago de impuestos y de combatir la impunidad fiscal, que en los últimos años le ha permitido incrementar marginalmente la recaudación de impuestos. Como medida adicional, se recomienda también aumentar la base gravable de los contribuyentes a través de una política fiscal que fortalezca el crecimiento económico y, en consecuencia, se bajen los elevados niveles de la economía informal que se incrementaron por efectos de la pandemia y la lenta recuperación de la economía mexicana.
