En diciembre de 1982, México cambió de política económica, eliminó la prohibición de importar artículos que compitieran contra la producción nacional adoptando en su lugar un régimen de libre competencia con el exterior; desaparecieron los subsidios a la producción en electricidad, combustible e insumos producidos por el Estado; años más tarde se vendieron o liquidaron más de 1,200 empresas paraestatales, borrando con ello, los pilares sobre los cuales desde los años cincuenta, descansó la industrialización del país. La apertura del comercio con el exterior no representó ningún problema para el país, por el contrario, fue una gran oportunidad. En los años ochenta, las exportaciones compuestas en su mayor parte de petróleo sumaban alrededor de 60 mil millones de dólares, en la actualidad superan los 500 mil millones de dólares provenientes en su mayoría de manufacturas; el déficit comercial actual es mínimo en relación al volumen exportado, cuando en aquel entonces el déficit comercial era el principal obstáculo para crecer. Se fijó una tasa de interés por encima de la inflación con el objeto de combatir la inflación e impulsar al ahorro ofreciendo un interés positivo o real, a su vez, para evitar distorsiones en los precios de exportación, y garantizar el equilibrio del comercio exterior, el tipo de cambio del peso en relación al dólar, debería de reflejar las diferencias de inflación entre México y los Estados Unidos. Así al final de cada mes se ajustó el tipo de cambio según las diferencias de inflación entre ambos países. Aumentar la tasa de interés por encima de la inflación y devaluar según la diferencia de precios con el exterior, no detuvo la inflación, por el contrario, la dispararon a un nivel nunca antes visto, cuando a la vez, el país se encontraba en uno de los peores retrocesos económicos de su historia. El PIB disminuyó cada año, éste en 1986 era menor al de 1982. La relación inflación-devaluación se convirtió en un círculo perverso en que, el aumento de precios obligaba a devaluar la moneda, la que a su vez encarecía las importaciones, provocando nuevos aumentos de precios que igualmente volvían a presionar por otra devaluación y así sucesivamente, el aumento de los precios y la devaluación del tipo de cambio se retroalimentaron mutuamente. En pocos años, la inflación y la tasa de interés aumentaron a más de 150%, y el valor del dólar pasó de 1976 a 1995, de 12.50 a más de 6 mil 800 pesos por dólar, posteriormente se eliminaron 3 ceros a la moneda, quedando el tipo de cambio en 6.8 pesos por dólar. La devaluación y con ello la inflación y el aumento de la tasa de interés se detuvieron al privatizar casi todas las instituciones públicas, las que, por el repentino y elevado aumento de la tasa de interés en pesos, se financiaron en dólares, causando con ello una enorme entrada de esa moneda que rebasó en mucho su demanda, frenando así las devaluaciones. En abril de 1994, se decretó la autonomía del Banco de México impidiendo a los gobiernos subsecuentes emitir moneda para financiar su déficit, obligándolos a elevar su deuda con el sector privado.
El gobierno actual aplica las mismas políticas económicas de los años ochenta que causaron el “sexenio perdido” al llevar al país a un completo desastre de inflación, devaluación y estancamiento. Actualmente, el peso mexicano está apreciado en relación al dólar no por haber mejorado la competitividad del país o porque haya bajado la inflación, sino porque capitales norteamericanos llegan al país aprovechando la elevada tasa de interés ofrecida por México, por otro lado, en más de 40 años de aplicar la misma política neoliberal, el país ha cargado en su presupuesto el pago de intereses de cada año. En 2025, el ejecutivo propuso un gasto total de 9 mil 015.8 millones de pesos (mdp), de los cuales, 6 mil 527,631.3 mdp (70.2%), se destinarán al gasto programable en bienes y servicios para desarrollar actividades sociales y productivas. El resto, 2 mil 774,384.5 mdp (29.8%), se destinarán al gasto no programable que cubre el costo financiero del gobierno incluyendo los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. En 2025, el gasto total del gobierno disminuirá 3.6% con respecto al año anterior, el gasto programable igualmente será menor 3.6%, en tanto el gasto no programable dedicado básicamente el pago de intereses de la deuda del Estado aumentará en términos reales 3.5%, respecto al año anterior. En suma, en 2025, aumentará el costo financiero del Estado a la vez que disminuirá su contribución al desarrollo y a la asistencia social. Los más afectados por la reducción real del presupuesto son los fideicomisos del gobierno federal destinados a financiar proyectos específicos de desarrollo. En 2024, estos alcanzaron el nivel más bajo desde 2007, disminuyendo del cuarto trimestre de 2018 al cuarto trimestre de 2024, de 1 billón 186.9 mil millones de pesos a 554.3 mil millones de pesos (53.2% de reducción). Los sectores más afectados son Salud con la eliminación de 125.46 mil millones de pesos. Educación, pasó de 2028 al 2024, de 30.5 a 20.2 mil millones de pesos (33.8% menos de presupuesto). Ciencia y Tecnología disminuye de 26.59 a 1.2 mil millones de pesos (95.5% menos) En Comunicaciones y Transportes se eliminaron en los mismos años 114.8 mil millones de pesos; en cambio a la Secretaría de Marina se le asignó un 2024 un presupuesto de 34.0 mil millones de pesos; Defensa pasó de 2018 a 2024, de 7.2 a 84.7 mil 9millones de pesos, Energía aumentó de 5.6 a 15.3 mil millones de pesos. Se considera un pecado que el gobierno financie su déficit con emisión monetaria, porque ello provoca inflación, pero no se dice nada cuando el mismo déficit es pagado con deuda, la cual la misma cantidad de dinero como si el gasto fuera pagado con emisión monetaria. La diferencia de ambos tipos de financiamiento es que la deuda cobra intereses y debe de ser pagada, en cambio la emisión monetaria no cobra intereses y no hay que devolver el dinero. La deuda del gobierno, engorda los bolsillos de especuladores y financieros, en tanto la emisión monetaria sólo contribuye al desarrollo del país. En mayo de 2025, la deuda pública del país con respecto a 2018 se incrementó 171.4%, al pasar de 10.5 a 18 billones de pesos. La actual política económica anula los propósitos de controlar la inflación, hacer crecer al país y reducir la pobreza, provocando más bien mayor enriquecimiento del sector financiero con mayor empobrecimiento y debilidad del Estado para cumplir con las necesidades más elementales de salud, educación, transporte público y seguridad entre otras prioridades nacionales.
Profesor Investigador Titular C del Programa de Producción Económica. UAM Xochimilco
