Finalmente, entre otros proyectos, López Obrador, logrará incorporar la Guardia Nacional al ejército y posiblemente se elegirán los jueces por voto popular. Lo interesante no es sólo su realización sino la forma en que se están llevando a cabo. Primero, es difícil esperar que los crímenes, secuestros, desapariciones y demás actos delictivos disminuyan significativamente con tales reformas, además que no es ningún consuelo argumentar que los mismos han disminuido. Desde el 2007, a la fecha se calculan más de 450 mil homicidios ocurridos en el país ¿Cuántos más deben morir? ello sin contar las desapariciones no registradas. En el país, no ha disminuido la inseguridad, la ingobernabilidad, la complicidad de órganos de gobierno con la delincuencia, así como la corrupción en todos los niveles tanto de instituciones públicas, como de instancias del partido en el poder. La falta de seguridad está matando lentamente la capacidad de expresión, manifestación y de participación de la sociedad civil. El presidente dice no perseguir a nadie, pero la delincuencia se encarga de callar a activistas sociales y a muchos de los que se inconforman con el sistema. Esto no cambiará con más militares en las calles ni eligiendo los jueces de manera directa. Segundo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, aseguró desde su campaña, continuar con la 4ª T y aún sin tomar posesión del cargo, acompaña al primer mandatario en eventos y giras de trabajo, asegurando realizar tales propuestas, en una especie de confirmación de continuidad, cuando le corresponde al ejecutivo concluir su trabajo sin comprometer al siguiente gobierno en una especie de mandato para continuar sus programas, otra cosa es que el próximo gobierno esté de acuerdo con tales acciones y otra muy distinta es que desde antes de tomar posesión, tales programas ya formen parte de su estrategia de gobierno. Pese a ser convenientes o no para el país, es importante respetar la independencia y la autonomía del nuevo gobierno. Tercero, desde iniciada la guerra contra el narcotráfico, se expandió la inseguridad y las masacres en el país, abarcando desde el ciudadano común que cada día sale a la calle, hasta altas esferas del poder político como ocurrió en las pasadas elecciones con la masacre de candidatos a puestos de elección popular, además de los crímenes a periodistas, activistas, madres buscadoras, policías y miembros de las fuerzas armadas, la mayoría de ellos sin castigar a los perpetradores, ni saber las causas o móviles de los crímenes.
Este sexenio demostró en Guanajuato, Guerrero y Chiapas entre otros estados, donde, que, pese a la mayor presencia militar, los crímenes cuando mucho disminuyeron muy poco. El aumento del número de policías o de militares en las calles no es la mejor forma para reducir la delincuencia, 17 años de la misma estrategia demostraron que ese no es el camino, por el contrario, aumentó la debilidad o la incapacidad del gobierno para enfrentar el crimen como ocurrió con su derrota militar en Culiacán, Sinaloa en 2019 y, como ha sido con el asesinato de policías y soldados en diferentes estados sin agarrar a los culpables. La delincuencia se convirtió en una alternativa de empleo en el país con la tendencia a crecer y hacerse menos controlable de lo que ya es, personal de la UNAM estimó que aproximadamente 5% de la mano de obra del país se ocupa en actividades delictivas, casi igual al empleo en el sector agropecuario.
El problema se origina fuera del país, mientras los Estados Unidos hagan muy poco por controlar su consumo de drogas, éstas seguirán arrojando grandes ganancias para comprar armas, sobornar, pagar campañas políticas y por supuesto para asesinar. No es posible disminuir abruptamente el abasto de drogas hacia ese país, porque ello crearía un serio problema para millones de personas de todos los niveles que dependen del consumo de narcóticos. El gobierno mexicano debe presionar al norteamericano para disminuir el consumo de drogas. No puede dejar al libre mercado su regulación. Más que perseguir o combatir el consumo de drogas, el Estado debe aumentar los programas de reducción del consumo de estupefacientes, no sólo para atacar su ilegalidad, sino para aminorar los miles de muertos y la disfuncionalidad en que caen millones de personas.
Coordinador de la Maestría en Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
