He citado en muchas oportunidades la escéptica definición que hacía Bernard Shaw de la estadística: “es una ciencia que demuestra que, si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno”. Por supuesto, lo dicho por el ingenioso escritor irlandés es bastante discutible, y nada más alejado de mí que pretender descalificar este tipo de cálculos (cuando están bien hechos, obviamente).
La estadística, como se sabe, es una rama de las matemáticas que hace posible reunir, sistematizar y analizar los más diversos datos para una cantidad infinita de propósitos. La pueden usar los tahúres, los deportistas, los empresarios, aquellos que están aburridos y desean calcular cada qué tiempo ocurre algo interesante en sus vidas, los médicos, los historiadores, los pescadores, los generales para dirigir sus bombardeos y, en general, todo mundo que espere una respuesta razonable y confiable sobre cualquier tema.
Alguien creería que los políticos las usan todo el tiempo. Pero en realidad lo que más usan son las encuestas sobre sus posibilidades de acceder a un cargo, medir su popularidad o –los más enterados– para tener una idea de qué tan aceptable u odiosa resulta una medida o una propuesta en particular.
Por lo que hemos podido ver, las únicas encuestas que atraen vívamente la atención del Presidente López Obrador son las que se refieren a su popularidad. Apenas toca el tema, su rostro se ilumina; todos sus seguidores toman nota de su ubicación en el ranking mundial e inmediatamente difunden la información con una suerte de silogismo muy forzado: la popularidad no miente, el pueblo no puede estar equivocado (aunque de hecho sí, como la historia nos muestra), ergo, el presidente siempre tiene la razón.
Ahora bien, más allá de los datos sobre su popularidad el Presidente no parece consultar ninguna información puntual (estadística o de otro tipo) para la toma de decisiones. Hasta ahora, le han bastado algunos supuestos (¿ideológicos? ¿revelaciones? ¿prejuicios interesados?) para fundamentar sus determinaciones sobre asuntos de la mayor relevancia. Por ejemplo, para la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco fue suficiente con que señalara que había corrupción en las empresas que lo construían. Cuántas y cuáles
empresas lo eran y a cuánto ascendían los recursos desviados nunca lo supimos. Él tampoco. ¿Supo o alguien le explicó el costo que representaría la cancelación de esta obra y comenzar otra que tenía el mismo propósito? No parece.
Durante la pandemia, ¿qué decían las estadísticas sobre el uso del cubrebocas? ¿Qué eficacia tenía el Detente presdiencial? ¿Y sobre la disponibilidad en los hospitales o sobre la distribución eficaz de los medicamentos (los del Covid y los indispensables para otras enfermedades)? Ni al Presidente ni a su médico brujo al frente de la crisis sanitaria les importó saber. Y desde luego, menos aún reconocieron el número de muertos por negligencia y desatención, mismos que nos colocan entre los países que gestionaron la emergencia de la peor forma.
Los datos que maneja el Presidente no sólo son “otros” sino que incluso están fuera del alcance de sus más fieles colaboradores. Por ejemplo, el paquete de reformas que está por presentar incluye ocurrencias “en beneficio del pueblo” como jubilaciones con el 100 por ciento del último sueldo. ¿Sabrá que en ningún lugar del mundo eso ocurre? ¿Entenderá que no hay recursos para sostener su demogógica propuesta? De seguro sí, pero como prometer no empobrece y vienen las elecciones, qué mejor que el pueblo sepa que él lo intentó.
En ese mismo paquete de reformas, busca que nadie, menos aún los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pueda ganar más que el Presidente. Y hace unos días nos recordó a todos que “ahora los Ministros están ganando cuatro veces más que lo que lo que yo obtengo…” Consciente de este injusto, inaceptable “privilegio”, la nueva ministra de la SCJN designada por él, Lenia Batres, anunció con ejemplar estoicismo en su cuenta de X: “Ayer remití a la Tesorería de la Federación el oficio con los depósitos realizados en días pasados por 82,963 pesos, por las remuneraciones recibidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por encima del límite constitucional”. Pero tal y como ya observó más de un maloso –y hay muchos en las redes y la prensa–debió entonces devolver mucho más. ¿Otra prueba del fracaso escolar en matemáticas o exhibición impensada del embuste presidencial sobre este tema?
Por otra parte está el tema de la inseguridad. Al más terco mandatario las estadísticas del INEGI ya le habrían demostrado que su política contra el crimen organizado no funciona. Los datos duros han sido terribles en los últimos años pero, por fin, el último reporte resultó esperanzador en Palacio
Nacional porque indica que en el primer semestre de 2023 se cometieron 83 homicidios al día, cifra escandalosa en cualquier lugar del mundo pero que aquí, ojo, viene a ser la más baja en todo lo que va de la Cuarta Transformación. ¿Debemos felicitar al gobierno? Claro, dicen sus propagandistas, porque en 2022 la cifra era de 89 al día.
Con la lógica que los caracteriza –y dándole la razón a Bernard Shaw– podrían decir incluso que en el primer semestre del año pasado 6 mexicanos, diariamente, se salvaron de ser asesinados. Y es un logro, no cabe duda, pero aunque en el 2024 esta tendencia continúe la única paz que habremos visto los mexicanos en este sexenio (igual que en los dos anteriores) será la paz de los sepulcros. Y a esto hay que añadir el terror y angustia por los desaparecidos, ahora incuantificables por el desaseo y manipulación oficial de las cifras que de un plumazo ha borrado a miles.
El Presidente, sus funcionarios y sobre todo su candidata, podrían preguntarse también qué significan esos datos del INEGI que señalan que el 59.1% de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad. Esos mexicanos, de seguro mal informados o sugestionados por la prensa “conservadora”, saben que tal vez el crimen organizado no los mate, pero que muy probablemente sí los extorsione, robe o secuestre. ¿Esta estadística no está tan bien hecha como la de su popularidad?
Lo confirmo: este gobierno no sabe, no quiere saber y, por supuesto, no quiere que sepamos. Por eso su animadversión y desprecio compulsivo hacia la prensa crítica y organismos independientes que, por supuesto, tienen otros datos, simplemente los datos que el Presidente y su burocracia servil no quieren ver.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González
