Sabíamos que la restauración del presidencialismo autoritario era ya un hecho. Sin embargo, ahora tenemos que asumir que la instauración de un presidencialismo militarista va viento en popa y amenaza con destruir los pocos cimientos democráticos que nos quedan como nación.
Sabíamos que ningún otro primer mandatario en el México contemporáneo ha concentrado más poder que Andrés Manuel López Obrador, pero ahora sabemos –lo que hace inútil compararlo incluso con personajes como Echeverría o López Portillo– que a diferencia de todos sus predecesores él gobierna de la mano de los militares.
En el regresivo curso de su sexenio ha buscado sepultar el legado de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, los dos últimos generales presidentes que fueron, precisamente, quienes más hicieron para concretar el retiro de los militares de la vida pública y su regreso a los cuarteles.
La vía preliminar para trastocar la relación entre el ejército y el gobierno no ha sido (aún) postular a generales y coroneles como candidatos a puestos de elección, ni nombrarlos presidentes de su partido, como antaño se hacía, sino meterlos hasta el fondo en la gestión de la (in)seguridad y propiciar su participación directa en un sinnúmero de tareas que han estado y deberían seguir estando en manos de civiles: la administración de aeropuertos, aduanas, construcción de obras públicas y el largo etcétera que todos los días crece.
A pesar de que no los vemos actuando a diario en política, ya pudimos escuchar al general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, velar por “la unión nacional” y denunciar a aquellos que “con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y el respeto que tiene la ciudadanía en los hombres y mujeres que tienen la delicada tarea de servir a su país”.
La aprobación por parte del Senado de la reforma que aprueba extender hasta 2028 la militarización de la seguridad pública, parece un triunfo completo. Y lo es, sin duda, desde la perspectiva de que evidencia las miserias de la oposición partidista (personificadas por Mancera, Beltrones, et al.) y el riesgo de que su debilidad devenga próximo desmantelamiento del INE.
Sin embargo, esta victoria tiene un sabor amargo a la luz del hackeo sin precedentes que ha sufrido la Secretaría de la Defensa, del cual surgen todos los días nuevos escándalos: constancias de la labor de espionaje que viene realizando la Sedena contra varios comunicadores, de su conocimiento de las ligas que hay entre diferentes funcionarios y gobernantes de Morena y los cárteles del narcotráfico, de los lujosos obsequios con los que el general secretario gana buenas voluntades en el Congreso, entre otros.
Extraigo de la revista Proceso algo de lo más reciente que se desprende de los llamados Sedena Leaks, una nota firmada por Mathieu Tourliere, que da cuenta de cómo “cuando era gobernador de Tabasco, el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal a tres hombres que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste identificó como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se refirió incluso a uno de ellos como “supuesto líder” del grupo en Tabasco: Hernán Bermúdez Requeña, quien permanece al frente de la SSPC”.
Por si todo esto no fuera suficiente, la violencia arrecia a niveles sencillamente insoportables y vuelve a cobrar la vida hasta de alcaldes y diputados en Guerrero y Morelos, constatando el fracaso de la estrategia de seguridad que el Presidente insiste en mantener. Para él, obviamente, se trata del “fruto podrido” que dejaron más de 40 años de gobiernos conservadores, pero para los ciudadanos sigue siendo la inoperancia, impreparación y hasta complicidad de las autoridades, policías y, ahora, de la Guardia Nacional del Ejército mexicano, sin importar si estarán un día más o hasta el 2028 en las calles.
Durante décadas padecimos el autoritarismo concentrado en la figura presidencial. Luego, hemos experimentado una defectuosa, pero real vida democrática, sustentada en la participación ciudadana y en organismos independientes que la avalan y legitiman. Ahora, por iniciativa de un presidente que todos los días se proclama juarista y gracias a la obsecuencia de los legisladores y jueces que actúan como sus empleados, estamos a punto de vivir un retroceso no sólo al autoritarismo priista, sino a uno más peligroso que tiene como actor protagónico al Ejército.
FB: Ariel González Jiménez
