Al gobierno de López Obrador no le gusta que se sepa, pero tampoco le gusta saber. No sólo odia los datos que aparecen fuera del guión mañanero, sino los datos en general. Desea que nadie conozca el rumbo que llevamos porque, a decir verdad, no hay tal rumbo: su gobierno navega en la ignorancia.
Atenido a unas cuantas prioridades digamos retrofuturistas (refinerías, aeropuertos perdidos, etc.), su plan de gobierno ha sido la improvisación, la destrucción de diversos legados institucionales y la producción de un discurso poblado de mentiras y falacias.
Para no ir más lejos: mientras escribo esto se lleva a cabo el Diálogo de Alto Nivel México-Estados Unidos sobre Seguridad. ¿Con qué información llega el gobierno mexicano a dicho encuentro? Me temo que básicamente con la que se ofrece en las conferencias mañaneras: cuentas alegres y mentiras directamente, porque existen suficientes indicios de que no sabe –ni quiere saber– dónde estamos parados en diversos temas.
Escribe Ciro Murayama: “…contra toda evidencia, el presidente López Obrador niega que se produzca fentanilo y minimiza la crisis. No permitió que se conociera al menos hasta qué grado la pandemia de opioides afecta a la población mexicana, pues arguyó motivos de austeridad para cancelar la encuesta nacional de adicciones que debió levantarse en 2022”. (“Pandemia de fentanilo: México a ciegas”, El Financiero, 4-X-2023).
Ahora bien, aunque el gobierno no desea saber ciertas cosas, también es claro que (algunas) seguramente las conoce pero no quiere que se sepan. Por eso, Sergio Aguayo dice que “López Obrador es el séptimo presidente que evita explicar la magnitud del riesgo creado por los criminales para México”. Y como su gobierno guarda silencio, ya porque no lo sabe, ya porque no quiere decírnoslo, tienen que venir algunos informes del exterior para ponernos al tanto del tema. “Ejemplo de lo anterior –dice el propio Aguayo en el artículo que cito– es la difusión del segundo índice bianual difundido a finales de
septiembre por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado trasnacional (GI-TOC). Este organismo, con sede en Ginebra, muestra el lugar ocupado por México en el análisis de 193 países. En 2021 México ocupaba el cuarto lugar mundial de la criminalidad, en 2023 ascendió un peldaño: ahora es tercer lugar. Birmania es el número 1, Colombia el 2, Paraguay el 4 y el Congo el quinto”. (“Cifra mata rollo”, Reforma, 4-X-2023).
No es difícil deducir, a partir de los ejemplos anteriores, que el gobierno mexicano llegó al Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos teniendo grandes carencias de información y el consabido desprecio por aquella que proviene de fuentes académicas y organismos internacionales que abordan estos temas candentes.
A nivel público, entiendo que los funcionarios de Estados Unidos le dieron, como se dice popularmente, “la suave” a sus pares mexicanos. Merrick Garland, fiscal general estadounidense, fue la encargada de exaltar la extradición a EU de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, como un “símbolo poderoso de lo que podemos lograr”.
Pero Antony Blinken, el secretario de Estado del vecino país del norte, no dejó de expresar algo que tiene mucho fondo: “debemos fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos”. Los buenos entendedores sabrán captar el mensaje, pero a los morenistas parece que les tiene sin cuidado: sus legisladores ya preparan, por ejemplo, la aprobación de un recorte brutal al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, lo mismo que al del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), e incluso otro más al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a pesar de que está en las buenas manos de una correligionaria suya.
¿Estado de derecho con una SCJN disminuida y cercada por el Ejecutivo y sus mucamos en el Congreso? ¿Rendición de cuentas con el INAI empobrecido y acorralado? Y de los derechos humanos no hay casi nada qué decir: la CNDH, con o sin presupuesto, es hoy, en el mejor de los casos, una oficialía de partes de la Presidencia.
Seguramente Mr. Blinken ya lo sabe, pero no está de más recordarle que para sus interlocutores mexicanos gobernar es un ejercicio de improvisación, destrucción institucional y una enorme dosis de mitología oficial.
Correspondencia parda
Y hablando de seguridad, todo indica que puede venir un problema muy serio para la Guardia Nacional. En enero de 2024 tendrá que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque así lo mandata una resolución de la Suprema Corte que, además, reafirma el carácter civil de esa institución policial. El asunto es que 100 mil de sus elementos son militares y, en su mayoría, no quieren dejar de estar en la nómina de la Secretaría de la Defensa, porque ahí cuentan con prestaciones diversas. Esto lo ha venido señalando el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien advierte que se puede generar una verdadera crisis si no se atiende bien este tema.
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En el futuro tal vez se las conozca como las guerras del plagio. Y por como van, no faltará el cínico que alegue que todos hemos plagiado algo un día en la vida. Mientras tanto, en estas interminables batallas también el senador Germán Martínez Cázares es acusado de plagiar diversos párrafos de su tesis de licenciatura para recibirse como abogado en la Universidad La Salle. Sus adversarios, por lo que puede verse, le devuelven parte de la metralla que él usó hace unos días (“Repudiaré siempre el fraude académico”) para exigir juicio político contra la integrante de la Suprema Corte de Justicia, Yazmin Esquivel Mossa y, abiertamente, eximir a la senadora Xóchitl Gálvez de cualquier sospecha de plagio.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
