Un mérito indiscutible de la oposición y de los sectores críticos al oficiliasmo ha sido reconocer sin rodeos el triunfo electoral, aplastante e incuestionable, de Claudia Sheinbaum. No faltará quién diga que no tenían alternativa, pero lo cierto es que para los malos perdedores siempre la hay; y a diferencia del propio López Obrador en las contiendas anteriores a su victoria, la oposición del PRI, PAN y PRD ha sido consecuente con las reglas del juego democrático: a veces se gana, a veces se pierde, y quien tiene la última palabra es el elector.
No obstante, a pesar de la contundencia de este triunfo y su evidente legitimidad, Morena y sus aliados aspiran a obtener una sobrerrepresentación mayor al 8% del que prevé la Constitución, con lo que el procentaje de sus votos, menor al 55%, se traduciría en prácticamente un 75% de las diputaciones. De consumarse este primer golpe contra la legalidad, el triunfo inobjetable de Morena y sus aliados estaría siendo deslegitimado por ellos mismos. Sería una sobrerrepresentación ganada con un fraude que empañaría para siempre su victoria, si bien eso no parece importarles.
Por más que la línea dircursiva de la Presidenta electa aparente estar llena de cordura, en los hechos ella y su partido avanzan sin ninguna consideración –ni temor aparente– hacia la reforma del Poder Judicial y, antes, hacia esta sobrerrepresentación claramente ilegal.
La mayoría obtenida por Morena está siendo indebidamente interpretada como una mayoría absoluta; al mismo tiempo, la minoría opositora (en realidad un nada despreciable 45% de los votos emitidos por opciones diferentes a Morena y sus aliados en el Congreso) es presentada como una fracción ridícula sobre la que se puede pasar por encima sin ningún miramiento.
Ciro Murayama, quien ha venido explicando los pormenores del fraude que se prepara con la sobrerrepresentación, enfatizaba en su más reciente artículo un hecho inobjetable: “seis de cada 10 votantes, respaldaron la continuidad en la presidencia, sí, a la vez que 11 de cada 20 electores apoyaron a la coalición del gobierno en el congreso. De esta forma los sufragios de la ciudadanía no otorgaron la mayoría calificada a la coalición oficialista para que pudiese
cambiar a su antojo la Constitución” (“Una agenda autoritaria, no de equidad”, El Financiero, 26-VI-2024).
Las cuentas claras no parecen dársele al partido en el poder, que busca tramposamente ampliar su representación y minimizar por completo la que le corresponde a los opositores. Conseguido esto, en septiembre se consumaría sin ningún problema el desmantelamiento del Estado de derecho dejando la suerte del Poder Judicial en manos de los demagogos que se promuevan como candidatos al mismo.
A pesar de las innumerables voces de expertos que alertan sobre el costo económico que tendría el desmantelamiento del Poder Judicial, la soberbia de los ganadores no tiene límite y ni siquiera las señales del mercado son vistas como un riesgo evidente. De forma por demás respetuosa, apenas ayer la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joli, expresó su deseo de que la reforma al Poder Judicial “respete el estado de derecho y sea capaz de atender el tema de la predictibilidad y la seguridad económica”, puesto que antes había señalado que “es difícil invertir en un ambiente de negocios donde hay demasiados riesgos” (El Universal, 26-VI-2024).
Sheinbaum está perfectamente a tiempo de aprovechar la legitimidad de su triunfo para construir acuerdos y objetivos comunes con la oposición. Para ello, basta que detenga la voracidad ilegal de su partido en lo que hace a la sobrerrepresentación y que abra una verdadera consulta para reformar al Poder Judicial sin destruir su esencia y dejando en pie todas las garantías y certidumbre que, aun con todos sus defectos, ofrece.
Llegar a un acuerdo con la oposición y preservar el Estado de derecho, sería infinitamente mejor para el gobierno entrante que serruchar el piso y dejar que México caiga hasta la costosísima categoría de “país sin ley”, que es como será visto por los mercados y los inversionistas una vez que se apruebe la descabellada reforma del Poder Judicial que propone López Obrador.
Desgraciadamente –no tengo otros datos– es muy difícil que esto suceda. La mayoría de votos no suele proporcionar sabiduría, sino prepotencia.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
