Chicago, Illinois. – El gobierno de Donald Trump terminará el 20 de enero de 2021, he aquí algunas de sus políticas y logros más controvertidos: limitar la inmigración , imponer prohibiciones de entrada con base en la nacionalidad y/o religión, terminar con la política de asilo, reformar el sistema tributario, aumentar la deuda nacional en 2 billones (antes del Coronavirus ), nominó a tres magistrados a la Suprema Corte, y designó a más de 200 jueces federales quienes interpretarán las leyes. Todo esto ocurrió a pesar de recibir casi 3 millones de votos menos que la candidata derrotada en 2016.
Piense por un momento, un Ejecutivo puede cambiar la orientación de instituciones como el poder Judicial, o imponer políticas que contravienen el espíritu nacional a pesar de encabezar un liderazgo emanado de una clara minoría.
Primero, Estados Unidos elige a su presidente de forma indirecta a través del Colegio Electoral. Así funciona: los ciudadanos vamos a sufragar, los votos emitidos en un estado instruyen, pero no obligan, a un ente temporal formado por “delegados electorales” a apoyar al candidato favorecido por la población cuando se reúne el Colegio.
En casi todos los casos, el voto popular comanda a todos los “delegados” estatales a votar por el candidato triunfador. En otros, un “delegado” apoya a un candidato con base en los resultados por cada distrito electoral.
El anacronismo ha ocasionado que cinco presidentes estadounidenses hayan sido electos a pesar de perder el voto popular. Así pasó en 2016 con Trump, y en el 2000 cuando George W. Bush se impuso a Al Gore. Se dice que el Colegio Electoral es una forma de proteger a los estados con poca población para que no sean abrumados por las entidades densamente pobladas como California y Texas. El argumento es que el sistema protege a sitios como Iowa, las dos Carolinas o las dos Dakotas para que tengan voz en la elección del líder nacional.
Lo cierto es que el Colegio Electoral fue producto del “acuerdo posible” entre los constituyentes a finales del siglo XVIII para que los estados donde la esclavitud era permitida aceptaran fundar la nueva nación. El debate era si los esclavos debían ser considerados como parte de la población para asignar representación política. En vista de que no tenían derecho al voto, se acordó que cada esclavo valdría tres cuartas partes de una persona. Es decir, 100 esclavos serían considerados como 75 residentes.
La fórmula permitió que lugares como Virginia, donde habitaban más de 200,000 esclavos, recibiera 12 delegados electorales, de los 46 entonces necesarios para elegir al presidente. La consecuencia obvia fue que en ese tiempo hubo una sobre representación de mandatarios originarios de Virginia.
Hoy, en el 2020, el candidato perdedor se atreve a cuestionar los resultados a pesar de recibir 5.5 millones de votos menos que el presidente electo, Joe Biden. Es claro que desde una perspectiva histórica como funcional, el Colegio Electoral es una aberración que debe desaparecer. Es injustificable que las políticas públicas y la definición de instituciones vitales como el Poder Judicial hayan quedado en manos de un hombre que encabezó un gobierno en perjuicio e injuria de la mayoría.
El 60 por ciento de los estadounidenses quieren controles de armas más estrictos y el 75 por ciento favorece despenalizar la marihuana. En esos temas como en muchos otros, es tiempo de que este país refleje en su conducción e instituciones los deseos de sus ciudadanos, pero para ello debemos transitar a ser una democracia plena.
